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Esto quiere decir que la entidad podría hacer interceptaciones telefónicas a los candidatos, ordenar allanamientos y pedir a las autoridades sanciones penales cuando haya irregularidades en las campañas políticas.
La idea es que el organismo tenga la posibilidad de acumular pruebas concretas en contra de quienes cometen hechos fraudulentos.
Estas ‘chuzadas’ podrían hacerse durante la campaña política para determinar si están contratando buses, ofreciendo regalos, almuerzos u otras dádivas a cambio de obtener el voto de parte de la ciudadanía, prácticas que quedarían prohibidas con esta iniciativa.
-Procuraduría no podrá inhabilitar funcionarios de elección popular-
De igual forma, se estableció que aunque la Procuraduría podrá seguir investigando y destituyendo a congresistas, alcaldes, gobernadores y otros funcionarios elegidos popularmente, ya no podrá decretar la inhabilidad de los mismos.
Según se acordó, esa función pasará a manos del Consejo de Estado, que determinará si alguno de ellos debe ser despojado de la posibilidad de ocupar cargos públicos dependiendo de la falta que hayan cometido.
-Lista cerrada no bloqueada para 2018-
Se definió que la reforma política comenzará a regir a partir del 2018, año en el cual se implementará el sistema de lista cerrada no bloqueada para las elecciones. Es decir, los ciudadanos podrán votar por el partido y también por el candidato de su preferencia.
Sin embargo, en las elecciones regionales de 2019 comenzará a regir la lista completamente cerrada y bloqueada. Esto quiere decir que los partidos deberán hacer un proceso de selección interna para la ubicación de los candidatos en el tarjetón.
La financiación de las campañas políticas será preponderantemente estatal, pero también se permitiría el ingreso de dineros privados siempre y cuando no se violen los topes y se cumplan las reglas electorales.
-Periodo de congresistas-
Se estableció que los congresistas, diputados y concejales, no podrán estar más de dos periodos en el Congreso, Asambleas o Concejos municipales.
A los legisladores se les permitirá ocho años para estar en la Cámara de Representantes y otros 8 ocho años para estar en el Senado de la República, como una estrategia de modernización de la política en Colombia.
Aún no se define la posibilidad de que los parlamentarios puedan ser ministros suprimiendo la inhabilidad que existe en la Constitución de renunciar un año antes para poder ocupar un cargo en la Rama Ejecutiva.
La reforma electoral se radicará en el Congreso luego de ser socializada en la Comisión de Seguimiento e Implementación de los acuerdos de paz, en donde tiene asiento la guerrilla de las Farc.
