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El gremio de las EPS del régimen subsidiado (Gestarsalud) presentó en la Cámara de Representantes un informe sobre los puntos más graves de la reforma a la salud, que ha iniciado su debate en la plenaria.
La evaluación señala que este articulado no soluciona los problemas actuales que enfrentan los usuarios, sino que pone en riesgo la prestación de servicios y expone a los pacientes a más trámites, falta de continuidad en sus tratamientos, desamparo en su atención y un incremento en el gasto de bolsillo.
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La directora de la entidad, Carmen Dávila, señaló que esta reforma fragmenta la atención de los pacientes.
“En el texto aprobado se percibe una falta de claridad frente a los responsables de las funciones y una fragmentación tanto de las redes de prestación (entre el primer nivel y las instituciones de mediana y alta complejidad), como en las funciones relativas al sistema de referencia y contrarreferencia, que tendrían las Gestoras de Salud y Vida, los CAPS, la ADRES y las entidades territoriales”, explicó.
Dijo que esta situación generará una excesiva complejidad en la operación del modelo de salud y la coordinación y articulación resultará difícil entre las instancias involucradas, de cara a los usuarios, siendo estos los principales afectados.
“Si bien el proyecto de ley señala en el numeral 1 del artículo 13 que el nivel primario será el encargado de integrar y coordinar la atención en salud, incluidas las diferentes modalidades y los servicios de alta y mediana complejidad de manera continua e integral, se observa al mismo tiempo en el artículo 49 que la gestión del riesgo del modelo de atención estará a cargo de las futuras Gestoras de Salud y Vida en coordinación con los CAPS”, manifestó.
La ejecutiva dijo que adicionalmente se crean en los territorios unas coordinaciones con funciones similares.
“En otras palabras, no hay claridad frente a los responsables de las funciones de gestión del riesgo en salud, contrario a lo que sucede hoy, que hay un único responsable de esta gestión en todos los niveles de atención (las EPS)”, sostuvo.
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Apuntó que si la responsabilidad de la articulación pasa de estar a cargo de un único responsable, a ser coordinada por dos o más actores y se confirma la desarticulación de los niveles de complejidad, se verían afectadas de manera dramática la calidad, oportunidad e integralidad en la prestación de los servicios de salud que se dan a los usuarios.
“Esa misma falta de claridad que deja el artículo 13 se podría ver plasmada en aspectos tan sensibles para los usuarios como las rutas de atención de los pacientes de alto costo y con enfermedades graves”, indicó.
Añadió que también se afectarían "las maneras de transitar en el sistema y las instancias ante quien dirigirse en el evento que requieran interponer una tutela, pues se pasaría de un responsable único (las EPS) a un gran número de instancias involucradas en la prestación del servicio a nivel departamental, regional y nacional".
