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La investigación por pérdida de investidura del Representante a la Cámara por el Quindío, Luciano Grisales Londoño, tiene en el ojo del huracán al procurador delegado ante el Consejo de Estado, Isnardo Jaimes Jaimes, quien hace unos días pidió a los magistrados que investigan al congresista que no le quiten su curul.
Por esa razón el demandante, Juan Carlos Arango, a través de sus abogados, recusará al delegado del ministerio público y pedirá cambio de procurador.
“No es sospechoso en si el concepto del funcionario, sino la enorme rapidez con la que Jaimes se la jugó por la absolución, toda vez que Grisales Londoño apenas asistía a su primera audiencia en donde estaba entregando sus descargos iniciales ante los jueces administrativos que lo indagan”, dijo Arango.
El denunciante agregó que pedirá a las autoridades competentes investigar a Isnardo Jaimes, pero además, solicitará que sea apartado del proceso por supuestamente no ofrecer garantías.
“Lo hubiéramos entendido si el fallo estuviese cerca, por eso estaremos vigilantes. Queremos ejercer el derecho a que se cumpla el debido proceso, por eso vemos que el concepto y su autor sean sometidos a revisión, por presuntamente estar incurso en pre-juzgamiento de la conducta del congresista Grisales Londoño”, explicó.
-Caso del congresista Luciano Grisales-
Luciano Grisales es investigado por el presunto delito de indebida destinación de dineros públicos, toda vez que no informó la novedad y tampoco tramitó la autorización de los viajes de una de las asesoras de su Unidad de Trabajo Legislativo a diferentes destinos internacionales, no una sino en seis oportunidades, como consta en las certificaciones entregadas por Migración Colombia.
Sin embargo, la Cámara de Representantes le pagó el sueldo completo a Liliana Patricia Valencia Franco, hermana de Luz Piedad Valencia Franco, en el momento de los hechos alcaldesa de Armenia.
El demandante recordó que el caso del Representante Grisales Londoño es prácticamente calcado al del exembajador y exsenador Luis Alfonso Hoyos Aristizabal, quien 1995 fue despojado de su curul por el mismo Consejo de Estado, mediante la sentencia AC-12546 de 2001, por haber autorizado el pago de la nómina de una de sus asistentes (Martha Cecilia Muñoz Giraldo), mientras ella se encontraba en el exterior.
En el caso del exsenador Hoyos Aristizabal éste alegó que la funcionaria de su UTL se encontraba cumpliendo funciones propias de su cargo en el exterior, pero la alta corte, con ponencia de la magistrada María Elena Giraldo, argumentó que el excongresista no tenía competencia para autorizar a su asesora para que desde el exterior siguiera cumpliendo funciones; además porque certificó su trabajo en situación de irregularidad, aspectos muy parecidos a los sucedidos en la investigación que le siguen al legislador quindiano.
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