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En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General dejó en firme la sanción disciplinaria en contra del contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, por la presentación de un diploma falso en el proceso para aspirar al cargo de jefe del ente de control fiscal.
El procurador general, Fernando Carrillo, aseguró que Zuluaga presentó documentos que avalarían estudios que nunca realizó con el único fin de cumplir los requisitos que se exigían en ese momento.
El entonces aspirante aseguró que tenía un doctorado en Derecho Administrativo, para lo cual presentó un documento de una reconocida universidad.
En el proceso disciplinario, el contralor reconoció que no tenía tal doctorado; sin embargo, aseguró que había sido culpa de su secretaria privada. En ese momento señaló que le había pedido que llenara su hoja de vida puesto que su letra"era muy fea".
Este argumento no fue bien recibido por la Procuraduría General que determinó que esta afirmación, al igual que el diploma, eran falsa. El órgano de control disciplinario tuvo en cuenta el documento firmado por la coordinadora para los programas de doctorado con Iberoamérica de la Universidad de San Pablo, CEU de Madrid (España), quien señaló que Zuluaga nunca había cursado el doctorado.
"Se produjo por parte del funcionario una ausencia de verdad, flagrante en un proceso de selección para ganar puntos dentro de ese concurso, pero lo más grave es que mintió para hacerse a un cargo de tanta trascendencia social y administrativa, como es, nada menos que el control fiscal de un departamento", precisó el jefe del Ministerio Público.
Carrillo calificó la conducta de Zuluaga como "inaceptable y reprochable”, recordando que “en concreto, Zuluaga aseguró que tenía un doctorado en Derecho Administrativo cuando en realidad no lo ostentaba. Hoy estamos confirmando este fallo condenatorio, al encontrarse certeza en los hechos denunciados”, aseguró.
Zuluaga Peña enfrenta actualmente un proceso penal por el denominado cartel de las cirugías plásticas en el departamento. En este caso, el jefe del ente de control fiscal departamental habría ordenado emitir los controles y vigilancia a las cirugías que realizaba el Hospital Público La María, de Medellín.
Bajos costos, demoras en los pagos y el beneficio a personas que no cumplían los requisitos –entre ellos la exauditora Nacional, Laura Marulanda- habrían ocasionado un detrimento patrimonial de 18 millones de pesos en los recursos públicos.
