Ratificación de tratados contra el racismo y la intolerancia despiertan preocupaciones

Son dos tratados altamente controversiales, que desde un inicio generaron resistencia.
Racismo en Colombia
Racismo en Colombia Crédito: Freepik / master1305

Celebraba hace algunos días la Cancillería que presentó en el Congreso un proyecto de ley para acoger las normas de la convención interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas de intolerancia.

Suena bien, suena inclusivo, suena tolerante, entonces porque hay tanta preocupación al respecto. Son dos tratados altamente controversiales, que desde un inicio generaron resistencia. En la historia de sus negociaciones se dejó constancia de que EEUU y Canadá se retiraron porque las normas que se propusieron y terminaron siendo aprobadas eran incompatibles con la libertad de expresión, asociación, de religión y enseñanza.

Vamos a cumplir 10 años desde que se aprobaron en la OEA y a la fecha, de los 35 países de la organización, apenas hay 2 que han ratificado el tratado general contra intolerancia (México y Uruguay). un grupo de Estados dijo desde el día uno que no ratificarían estas normas, y ha recibido resistencia en Argentina, Bolivia y más recientemente Perú, en que el Congreso rechazó la aprobación, devolviéndoselo al ejecutivo.

El problema central del tratado es que es el primer intento internacional por definir y castigar la intolerancia, como ella lo define. Es una definición muy mala, según expertos, que ha sido ampliamente transversalmente criticada por académicos, por su carácter sobre inclusivo.

Define como intolerancia toda manifestación de irrespeto o rechazo contra las opiniones o convicciones de otros, por el hecho de ser distintas. La definición es muy clara, pero sobre inclusiva, porque subsume en sus términos cualquier discrepancia que se tenga sobre política, derecho, moral, etc. El primero que rechaza está siendo intolerante al otro.

Crea además un derecho humano nuevo a ser protegido de la intolerancia, con lo cual los Estados se obligan a prohibir, prevenir y castigar la intolerancia, como el tratado la define.

Esas obligaciones, de la mano de esa definición, se vuelve una justificación para regímenes autoritarios en perseguir opiniones disidentes, amparados en que están combatiendo la intolerancia.


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