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Ante el Consejo de Estado fue radicada una demanda contra el decreto que firmó el ministro de justicia, Wilson Ruíz, que establece que solo esa alta corporación judicial puede estudiar las tutelas contra las actuaciones del presidente de la República o contra cualquier entidad del Gobierno en materia de seguridad nacional y de erradicación de cultivos ilícitos.
La demanda dice que el decreto viola los derechos fundamentales de todas aquellas personas que no tienen acceso al Consejo de Estado y que desvía el objetivo de la tutela que está contenido en la Constitución Política de 1991.
“El diferir de los fallos de los jueces regionales, no es un motivo válido para cambiar la competencia de un juez, pues en un Estado Democrático y Social del Derecho”, dice uno de los apartes de la demanda presentada por el representante David Racero.
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"El decreto es una arbitrariedad que pretende modificar las competencias del sistema judicial sobre qué Tribunal debe tramitar las tutelas de las comunidades en materia de sustitución de cultivos ilícitos”, dijo.
Además, afirma que con ese tipo de iniciativas del Ejecutivo “se esta cometiendo una injerencia dentro del aparato judicial en descrédito de los derechos de las comunidades”.
Ese decreto se firmó el pasado 6 de abril por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz y desató toda una polémica por la decisión del Gobierno de darle las facultades a un solo tribunal para conocer y tramitar ese tipo de mecanismos.
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Varios oponentes al decreto señalaron que de esta manera el Ejecutivo recorta drásticamente la posibilidad de que juzgados y tribunales de los territorios mas apartados del país fallen quejas de la gente del común cuando se opongan a las fumigaciones aéreas con glifosato en sus regiones, por ejemplo.
“La competencia se está concentrando para conocer de todas las tutelas que emite la Presidencia, las cuales tienen la capacidad de afectar a cualquier ciudadano en el país y que además, se limita hacia todas las entidades en asuntos en los que se decida sobre erradicación de cultivos y en este caso, las comunidades afectadas son comunidades rurales, que normalmente se encuentran ubicadas en las zonas más alejadas del país y que tienen baja conectividad”, dice la demanda.
