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En medio de la polémica que se ha generado por las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre una supuesta ruptura institucional, algunos sectores políticos insisten en que se deben respetar y acatar las determinaciones judiciales.
El canciller Álvaro Leyva Durán sigue ejerciendo sus funciones pese a que la Procuraduría emitió una sanción de suspensión en su contra por tres meses, en medio de la investigación que se adelanta por el contrato de los pasaportes, lo cual ha generado rechazo.
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Es por esto que ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue radicada una acción de cumplimiento para obligar al funcionario a acatar esta determinación judicial.
El representante de la oposición Hernán Cadavid dijo que “el incumplimiento del presidente Gustavo Petro y del Gobierno de la sanción de la Procuraduría contra el señor Álvaro Leyva constituye un precedente gravísimo de desatención a las instituciones, de desconocimiento a la Constitución y servirá de muy mala referencia a los funcionarios que en el futuro no les dé la gana cumplir sanciones”.
“He acudido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que por vía de acción de cumplimiento conmine al Gobierno Nacional a hacer cumplir un acto administrativo legítimo de la Procuraduría General de la Nación y se cierre por siempre ese antecedente gravísimo de desatención a las instituciones colombianas por parte de un Gobierno”, añadió.
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El abogado del canciller Leyva envió una carta a la Procuraduría en la que informa que su cliente sí tiene la intención de cumplir con esta sanción, pero están a la espera de que el presidente designe a un ministro de Relaciones Exteriores encargado, para no incurrir en un posible abandono del cargo.
