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El demandante José Manuel Abushaibe, quien ganó el pulso a Antanas Mockus y logró que el Consejo de Estado anulara su elección, dice que representa a los quemados que ahora buscan la pérdida de investidura (muerte política) de Mockus para lograr un cupo en el Congreso de la República.
Entre sus defendidos se encuentra el yourtuber Oswaldo Ortíz, que se había lanzado al Senado por el Centro Democrático, pero no alcanzó los votos y se quemó. En los medios fue calificado como el candidato ‘homofóbico’ por sus críticas al matrimonio igualitario y la adopción en parejas LGTBI.
“Esto está afectando a muchos senadores que estaban cumpliendo con los requisitos legales, porque el doctor Mockus abarcó casi cinco senadores con esa votación”, dijo Abushaibe al referirse a quienes no pudieron acceder a las curules.
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Para Abushaibe, se presentó un fraude electoral en la eleccion de Mockus, que terminó con el impedimento a acceder a una curul de candidatos del Centro Democrático y del partido Opción Ciudadana; por eso esperan que en segunda instancia se decrete la pérdida de investidura de Mockus
“Estamos buscando que se tumben las mesas, que se tumbe la votación, porque no es posible que apenas se declare su inhabilidad entre el que sigue en lista. Esto afecta los intereses de quienes sí cumplieron con las leyes y debieron ser senadores”, dijo.
A las preguntas sobre supuestas relaciones con los políticos de la Costa procesados, como los exgobernadores de La Guajira Oneida Pinto y Kiko Gómez (condenado a 55 años de prisión por homicidio), el abogado dijo que sí los conocía, pero que no se relaciona con su labor de litigante.
“Conozco a todos los que han sido gobernadores de La Guajira y que pueden estar presos. Esas no son circunstancias que me van a quitar. Yo litigo y soy abogado de muchos en Cartagena y en todo el país. Eso no tiene nada que ver. Eso es parte de la estrategia política para atacarlo a uno", añadió.
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La sala plena del Consejo de Estado avanza en la revisión del fallo que mantuvo la investidura a Mockus, emitido por la magistrada Adriana Marín, quien en su momento determinó que no había suficientes pruebas contra el profesor por figurar como representante legal de la firma Corpovicionarios.
Ahora, el caso le correspondió a la consejera Sandra Lizeth Ibarra quien está en trámite de preparar la ponencia para presentarla ante la Sala Plena del Consejo de Estado.
