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El nuevo Código Único Disciplinario, sancionado por el presidente Iván Duque, tiene con los pelos de punta a varios partidos políticos por la posibilidad de que muchos de sus candidatos a Alcaldías y Gobernaciones en todo el país, estén inhabilitados.
Según se entiende en el artículo 43 de esta el reforma, los concejales, diputados y miembros de Juntas Administradoras Locales no pueden aspirar a cargos públicos de carácter administrativo, como una Alcaldía o Gobernación, si no renunciaron un año antes.
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Ante esta situación, el Gobierno Nacional decidió elevar una consulta jurídica ante el Consejo de Estado para dirimir la controversia que se generó en este año electoral.
Los resultados de esta acción permitirán zanjar la controversia que hoy existe en ciudades como Bogotá, donde hay tres concejales (dos uribistas y uno petrista) que aspiran a ocupar el cargo que dejará Enrique Peñalosa.
El congresista Eduardo Enríquez Maya, presidente de la Comisión Primera del Senado, dijo que “estudiando literalmente ese artículo, inhabilitaría a concejales y diputados para ocupar cargos públicos 12 meses después de la terminación de su periodo, es decir, no podrían aspirar a Alcaldías y Gobernaciones”.
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Este tema sigue generando preocupación en los partidos. En el Centro Democrático, por ejemplo, están a la expectativa del resultado de la consulta para determinar si Diego Molano y Ángela Garzón, que son dos concejales en ejercicio, pueden continuar en la carrera para llegar a la Alcaldía de Bogotá.
