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En el Congreso se presentó una propuesta mediante proyecto de ley que pretende que quienes paguen por servicios sexuales a personas en situación de prostitución, sean sancionados con multas progresivas hasta de 32 salarios mínimos legales mensuales vigentes; unos 23 millones de pesos.
La congresista del Partido Liberal, Clara Rojas, autora de la iniciativa, explicó que se busca desestimar esta práctica teniendo en cuenta que muchas personas que se encuentran en situación de prostitución han sido víctimas de la violencia del conflicto y explotadas sexualmente.
"Entre el 60 y el 70% de las personas que ejercen la prostitución son personas de estratos 1-3, migrantes y desplazadas por la acción de grupos armados al margen de la ley", argumentó Clara Rojas.
La Representante recordó que, según la Iniciativa Pro Equidad de Género en Colombia, "el 90% de mujeres y niñas que ejercen la prostitución tienen en promedio 14 años de edad con baja escolaridad, de las cuales el 85 y el 95% fueron abusadas sexualmente en infancia o adolescencia".
Según la congresista liberal, "en el caso de Bogotá, unas 23.426 mujeres se encuentran en situación de prostitución, de las cuales un 85% están en edades entre 27 a 59 años y un 13% edades entre los 18 y los 26. El 61% corresponde a estratos 1 (1706), 2 (8535) y 3 (5961), mientras que el 90% son migrantes de otras regiones del país".
"Este proyecto de ley está encaminado a abolir la prostitución en el contexto de una sanción a quien paga por este 'servicio', es decir, castigar a quienes obtienen relaciones sexuales a cambio de un pago", señaló la representante a la Cámara.
El caso suscitó debate en LA FM entre la congresista Clara Rojas y Fidelia Suárez, presidenta de Sintrasexco, el sindicato de trabajadoras sexuales de Colombia. Suárez rechazó la iniciativa y condenó que la representante presente proyectos sin tenerlas en cuenta. Escúchelas
