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La Procuraduría General de la Nación suspendió a la presidenta de la Comisión de Acusación, la representante Gloria Arizabaleta, por presunto prevaricato, tras haber ordenado la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro.
En la víspera, la congresista —que llegó al Legislativo con el Pacto Histórico y luego se distanció de la colectividad— firmó un auto que ordenaba apartar del cargo al jefe de Estado, de manera provisional, hasta las cuatro de la tarde del 21 de junio, después de la segunda vuelta presidencial.
Arizabaleta tenía facultades, como representante investigadora, para suspender al presidente como aforado constitucional, porque la Comisión de Acusación es la única entidad competente para procesar al presidente de la República.
Pero, como en el derecho disciplinario, la medida debe ser aprobada por la sala instructora, que en ese caso es la Comisión de Acusación en pleno, en la que es casi imposible alcanzar un quórum para sesionar o votar.
La representante tuvo que modificar su auto, precisamente para incluir el trámite automático de consulta que la Comisión debe agendar, aunque no lo hará a tiempo: las sesiones ordinarias del Congreso terminan el 20 de junio, y un mes después se posesiona el nuevo Legislativo.
Denuncias y cuestionamientos que rodean la decisión de Arizabaleta
Gloria Arizabaleta estará suspendida todo ese tiempo. Sin la presidenta y sin quórum suficiente, la petición de suspender al presidente Gustavo Petro por sus trinos y discursos a favor del candidato oficialista, Iván Cepeda, no producirá ningún efecto jurídico.
Lo que queda es una andanada de denuncias en investigaciones por supuesto prevaricato. Antes de la suspensión de la Procuraduría, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le asignó por reparto al magistrado Misael Rodríguez una denuncia contra Arizabaleta por ese delito.
Para la Procuraduría, la representante pudo haber incurrido en prevaricato, tras ordenar una medida cautelar “sin acreditar el análisis de los requisitos para la procedencia” ni enviar el auto al grado de consulta.
El Ministerio Público empezará a recaudar varias pruebas para solidificar el expediente, y Arizabaleta no podrá devengar su salario.
El procurador general, Gregorio Eljach, tendrá que pronunciarse sobre su legalidad, pues la Sala Disciplinarias de Instrucción le envió la decisión, también en grado de consulta.
Investigación disciplinaria que enfrenta la presidenta de la Comisión de Acusación
La Comisión de Acusación entregará información sobre el expediente 7525, que inició de oficio y que derivó en la controversial orden de suspensión.
El procurador Eljach pidió hace dos semanas un informe sobre cómo avanzaban los procesos contra el jefe de Estado por indebida participación en política, pero la respuesta de la célula legislativa fue incompleta y, de hecho, no incluyó ese caso en su listado.
Además, explicará cómo funciona por dentro la corporación, cómo se asignan representantes investigadores, cómo es el procedimiento interno para cada decisión, etcétera.
Eljach ha calificado en el pasado el funcionamiento de la Comisión como un “desgreño” sin radicaciones ni consolidados claros.
La actuación de Arizabaleta puso en riesgo los principios de dignidad humana, legalidad de la actuación disciplinaria y debido proceso, “que prevalecen frente a la limitación en el ejercicio del cargo” del presidente Gustavo Petro, de acuerdo con el auto de catorce páginas que abre la investigación en contra de la representante.
“Emerge la necesidad de preservar el debido proceso en la actuación disciplinaria que se surte en contra del primer mandatario, así como asegurar el acatamiento a la competencia de la Comisión de Investigación y Acusación”, añadió el ente de control.
Gloria Arizabaleta había organizado una rueda de prensa en Bogotá para responderle al presidente Petro, quien la acusó de supuesta extorsión. Tras la suspensión provisional de parte del Ministerio Público, canceló el evento.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué suspendieron a Gloria Arizabaleta?
La Procuraduría suspendió provisionalmente a la presidenta de la Comisión de Acusación por presunto prevaricato, al considerar que ordenó la suspensión cautelar del presidente Gustavo Petro sin justificar adecuadamente los requisitos legales de la medida ni remitir la decisión al trámite obligatorio de consulta.
¿Podía Gloria Arizabaleta ordenar la suspensión de Gustavo Petro?
Como representante investigadora, Arizabaleta tenía facultades para solicitar medidas contra el presidente dentro de un proceso disciplinario en la Comisión de Acusación. Sin embargo, la suspensión provisional debía ser revisada y aprobada por la Comisión en pleno, un paso que inicialmente no quedó reflejado en el auto que firmó.
¿Qué efectos tiene la suspensión de Arizabaleta sobre el proceso contra Petro?
En la práctica, la decisión de apartar provisionalmente al presidente no producirá efectos jurídicos. La Comisión de Acusación enfrenta dificultades para reunir quórum y las sesiones ordinarias del Congreso están por terminar, por lo que no alcanzaría a estudiar la medida antes del receso legislativo.
¿Qué investigaciones enfrenta ahora la representante Gloria Arizabaleta?
Además del proceso disciplinario de la Procuraduría, una denuncia penal por presunto prevaricato ya fue asignada en la Corte Suprema de Justicia. Mientras avanzan las pesquisas, la Comisión de Acusación deberá entregar información sobre el expediente que dio origen a la polémica decisión contra el presidente.
