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La Procuraduría General de la Nación sigue insistiendo en el cumplimiento de la suspensión provisional emitida contra el canciller Álvaro Leyva, quien el 24 de enero fue notificado de la medida temporal de apartarlo del cargo por el término de tres meses, por el escándalo de la fallida licitación del contrato para la emisión de pasaportes.
El organismo envió un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado primero de febrero, en el que resalta la información difundida por medios de comunicación en la que se da a conocer que pese a la suspensión impuesta, Leyva siguió expidiendo actos administrativos de la Cancillería.
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Frente a la situación, la Procuraduría envió ese documento con la orden de dar cumplimiento inmediato a la medida y decida apartarse temporalmente del cargo, mientras avanza el juicio disciplinario en su contra.
“REQUERIR al disciplinable, Álvaro Leyva Durán, para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código General Disciplinario, y lo precisado por la Corte Constitucional en la sentencia C-450 de 2003, proceda de manera inmediata a dar cumplimiento a la orden de suspensión provisional decretada el 24 de enero de 2024 y cesar en el ejercicio de las funciones”, señala uno de los apartes del documento.
El organismo ya ha venido acusando la actitud del suspendido canciller, pues tras más de ocho días de la sanción, el viceprocurador general, Silvano Gómez, afirmó que ese desacato pone en riesgo el Estado de Derecho.
“El abierto desacato del canciller atenta contra el estado de derecho la constitución y la ley, y sienta un nefasto precedente que pone en riesgo la estabilidad institucional”, afirmó Gómez.
Pese a la decisión de no obedecer la determinación de la Procuraduría, la Sala de Instrucción Disciplinaria de ese organismo siguió adelante con el proceso y fijó para el próximo 15 de febrero la fecha de inicio del juicio disciplinario contra Álvaro Leyva.
En esa jornada, el canciller podrá exponer los argumentos y las pruebas que tenga para desvirtuar las acusaciones de la Procuraduría que consisten en las inconsistencias para la decisión de declarar desierta la licitación de los pasaportes y, en consecuencia, decretar la urgencia manifiesta.
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La fecha para el juicio ya está confirmada, pero queda pendiente que el despacho de la procuradora general, Margarita Cabello, resuelva el recurso de súplica con el que el defensor de Leyva busca tumbar la suspensión provisional.
