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La Procuraduría General de la Nación ha dispuesto la apertura de una investigación preliminar dirigida a identificar a los funcionarios del Gobierno involucrados en presuntas irregularidades relacionadas con el contrato suscrito para el alquiler de una residencia en Davos, Suiza, en el contexto del Foro Económico Mundial.
La Sala de Instrucción Disciplinaria ha anunciado la revisión exhaustiva del acuerdo legal, que, según informes de varios medios de comunicación, se llevó a cabo por un monto cercano a los $4.500 millones. Este contrato, que abarcó un período de cinco días, tuvo como propósito la promoción de la marca país.
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En el comunicado, el ente de control ha destacado que se evaluará la eventual responsabilidad del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, así como de la entidad que se determine como responsable de la firma del contrato.
Las diligencias iniciales para recopilar pruebas se llevaron a cabo el miércoles 17 de enero de 2024, y se han ordenado nuevas investigaciones con el objetivo de establecer la ocurrencia de posibles conductas irregulares y determinar si estas constituyen faltas disciplinarias y si han causado algún perjuicio.
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Con esta acción disciplinaria, el Ministerio Público busca identificar de manera precisa a los posibles responsables y determinar si su actuación estuvo respaldada por alguna causal de exclusión de responsabilidad.
