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La Procuraduría General de la Nación hace un llamado urgente al Ministerio de Defensa y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pidiendo su intervención inmediata frente a la crisis humanitaria que se viene presentando en el Cauca.
El Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, solicitó al Ministro de Defensa Nacional, al Gobernador del departamento del Cauca, al Comandante de la Tercera División del Ejército y al Comandante del Departamento de Policía del Cauca, información sobre las acciones que se han desplegado desde cada una de sus entidades a cargo en relación a la crisis humanitaria que se está viviendo en el departamento del Cauca en los últimos días.
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El requerimiento se hace luego de que, en el Consejo de Seguridad realizado el pasado 12 de abril en la Gobernación del Cauca, los alcaldes de Miranda, Corinto y Caloto solicitaran el apoyo del Gobierno Nacional frente a la situación que enfrentan y manifestaran que no han sido tenidos en cuenta en los diálogos de paz que adelanta el Gobierno con el grupo armado ilegal Disidencias Farc.
“Solicitamos al Gobierno Nacional escuchar a los entes territoriales de este departamento, quienes son los primeros respondientes en los territorios y requieren apoyo por parte de las entidades del orden nacional para contrarrestar las situaciones de orden público que se presenten”, aseguró el Delegado.
Solo entre el 11 y 13 de abril pasados, se vivió una oleada de terror en el Cauca, en Corinto se registró un hostigamiento contra la estación de policía, en Miranda se explotó un carro bomba, en Caloto se dio un enfrentamiento entre la fuerza pública y las disidencias de las FARC, en el municipio de Guachené atacaron con explosivos la estación de policía y en el municipio de Cajibío activaron un artefacto explosivo sobre la vía Panamericana. Estas situaciones afectaron varias viviendas y dejaron un saldo de personas heridas.
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“El temor y la incertidumbre invaden a la población civil del departamento del Cauca, por lo cual, desde la Procuraduría, como garantes de la institucionalidad y el respeto por los derechos humanos, continuaremos desplegando todas nuestras capacidades humanas, mecanismos de acompañamiento, seguimiento y vigilancia a los escenarios de riesgo, para garantizar la vida y derechos de esta comunidad”, añadió el Delegado para los Derechos Humano.
