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El procurador Alejandro Ordóñez envió una carta para pedir al Consejo Nacional Electoral que investigue, entre otras cosas, de dónde ha salido el dinero para la campaña bajo el slogan “Sí a la paz”.
LA F.m. conoció el documento que fue enviado al CNE, que viene trabajando en la reglamentación de la campaña del plebiscito por la paz; el jefe del ministerio público expresó su preocupación porque, según él, las campañas estarían en desequilibrio dado que quienes manejan el eslogan del “Sí a la paz”, ya vienen trabajando en campaña desde hace mucho tiempo, por su puesto extemporánea, toda vez que aún no se han fijado las reglas de la campaña para la refrendación de los acuerdos.
"Vemos con preocupación cómo bajo el pretexto de este mecanismo se ha venido incrementando de manera exagerada la publicidad exterior visual a través del uso del espacio público con elementos visibles desde las vías de uso o dominio público con elementos visibles desde las vías de uso o dominio público, así como la utilización de los medios de comunicación social con el llamado a la ciudadanía a votar por el sí, pero bajo el eslogan de 'sí a la paz'", señala el funcionario.
Ordóñez, en su carta, indicó que este tipo de modalidad es un engaño, pues su contenido corresponde a un fin diferente para el cual se convoca a las votaciones.
El jefe del ministerio público aseguró que este tipo de publicidad confunde y atenta contra el derecho a la información y se rompe el equilibrio que debe mantenerse durante las campañas, que deben ser reguladas por la corporación electoral.
Por tanto, Alejandro Ordóñez pidió al organismo que tome las medidas necesarias a que haya lugar para impedir que continué la situación que actualmente se presenta, incluso si ello acarrea sanciones.
“Con el fin de evitar la violación a las disposiciones que rigen la materia, ordenar los correctivos para impedir que se continúe con la situación que se presenta y, de ser el caso, dar inicio a las acciones pertinentes”.
Así mismo, Ordóñez pidió que se inicie la investigación para establecer de dónde provienen los recursos de la “desmedida” actividad publicitaria, teniendo en cuenta que aún no se reglamentan los topes de campaña.
