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El procurador Fernando Carrillo cuestionó el decreto anunciado por el Gobierno a finales del año pasado con el cual se retorna a la aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos ilícitos.
Carrillo dijo que se deben prender las alarmas para vigilar que la sentencia de la Corte Constitucional se cumpla, “que se respeten los protocolos que fijó la Corte a la hora de tomar la definición sobre la materia”.
Para el Procurador también debe haber independencia a la hora de determinar qué agencia internacional va a verificar el cumplimiento de los protocolos del uso del glifosato.
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Carrillo también dijo que se debe respetar el derecho de las comunidades de estar informadas sobre las posibles afectaciones a la salud que produciría la aspersión con glifosato.
“Es la responsabilidad para defender los intereses de la sociedad y el respeto de los protocolos de la Corte, donde existe un conjunto de requisitos que deben ser cumplidos (...), el principio de precaución, insistiendo en que se surtan procesos de participación ciudadana (...) un altísimo porcentaje del país que tiene comunidades étnicas va a ser afectado”, dijo Carrillo.
Carrillo cuestionó que el decreto no presenta una propuesta que armonice la erradicación de cultivos ilícitos con las aspersiones y el acuerdo de paz que se firmó con las Farc.
“Definir qué es lo que el Gobierno quiere en la política se sustitución, porque hasta la fecha no se han hecho públicas las estrategias de sustitución para cumplir con lo establecido en el acuerdo final”, dijo.
Las críticas se hicieron en medio de la rendición de cuentas de la Procuraduría en Zipaquirá.
En diciembre pasado Embajada de Estados Unidos en Colombia felicitó al Gobierno por la publicación del proyecto de decreto que busca retomar la erradicación aérea de cultivos de coca.
