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Como el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no aceptó la propuesta de entregar una renta básica a alrededor de 7 millones de familias vulnerables en todo el país afectadas por la crisis del coronavirus, los más de 50 senadores que la habían presentado decidieron impulsarla a través de un proyecto de ley.
Esta es la primera iniciativa que se radica en el marco de las facultades que tiene el Congreso de revisar los decretos de emergencia, que han sido emitidos por el Gobierno Nacional para la atención de la pandemia.
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Lo que se busca es que la mayoría de colombianos pueda recibir un subsidio de alrededor de un salario mínimo durante tres meses, para que tengan como sustentarse mientras se supera esta situación.
El senador Iván Marulanda, dijo que la Constitución le entrega la posibilidad a los legisladores de “modificar, ampliar o derogar” las medidas tomadas por el Gobierno.
“El Congreso tiene de acuerdo con la Constitución, la atribución de examinar los decretos ley que expide el Gobierno en un régimen de emergencia como el que estamos viviendo”, indicó.
El congresista agregó que “estamos presentando el proyecto de ley que crea la renta básica como un proyecto dentro del marco de control político del Congreso y que reforma los decretos que ha expedido el Gobierno en esta materia a lo largo de la emergencia, para que sea el Congreso el quede manera autónoma determine la creación de esta renta básica”.
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El senador Armando Benedetti informó que este miércoles se entregarán más detalles de la iniciativa. “A las 10am haremos una rueda de prensa para radicar el Proyecto de Ley de #RentaBásicaYa. Desde hace dos meses vengo hablando de esta propuesta planteada por Garay: 1 salario mínimo por 3 meses a 7 millones de hogares, iniciativa de 53 congresistas liderados por @ivanmarulanda”, dijo.
Son alrededor de 53 los congresistas que respaldarán este proyecto de ley, los cuales representan la mayoría en la plenaria del Senado.
Según lo dicho por los impulsores de esta iniciativa, este subsidio cobijará a alrededor de 30 millones de personas y le costará al Estado dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
