Presidente Petro nombró a Armando Benedetti como ministro de Justicia Ad hoc, para el caso de Álvaro Uribe
También debe abordar esas funciones para el cumplimiento de algunas extradiciones.

A través del Decreto 1014, el presidente de la República, Gustavo Petro, nombró al ministro del Interior, Armando Benedetti Villaneda, como ministro de Justicia y del Derecho ad hoc, para asumir funciones específicas relacionadas con casos en los que el titular de esa cartera, Eduardo Montealegre Lynett, manifestó impedimento.
El decreto señaló que el Consejo de Ministros, en sesión del 19 de septiembre, aceptó dicho impedimento “con fundamento en el principio de verdad sabida y buena fe guardada, consagrado en el artículo 8 de la Ley 63 de 1923”.
El ministro Montealegre expresó que no podía intervenir en algunas actuaciones administrativas debido a conflictos de interés.
El documento estableció tres áreas en las que el nuevo ministro Ad hoc debía actuar. En primer lugar, las actuaciones “derivadas de la Ley 2220 de 2022, exclusivamente cuando su aplicación se dirija directamente a los centros de conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá”.
En segundo lugar, los asuntos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) “exclusivamente relacionados con el cumplimiento de la condena penal del señor Álvaro Uribe Vélez”.
Finalmente, las gestiones relativas al proceso de extradición de Marianela Álvarez Rosas, Carlos Guillermo González Álvarez, Oscar Leonardo Álvarez Mendoza y Miguel Ángel González Zambrano.
El presidente Petro fundamentó la decisión en lo dispuesto por la Ley 63 de 1923, la cual estableció que “en caso que el ministro recusado, o cuyo impedimento fuese aceptado, hubiere de separarse del conocimiento del negocio, será el presidente de la República quien adscriba la decisión del asunto a otro cualquiera de los ministros del Despacho”.
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El artículo primero establece el nombramiento “como ministro de Justicia y del Derecho ad hoc al doctor Armando Benedetti Villaneda, actual ministro de Interior”, para adelantar las actuaciones administrativas antes mencionadas.
La medida quedó en firme el pasado 21 de septiembre de 2025, fecha en la que el decreto fue expedido oficialmente por la Presidencia de la República.