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La elección de Sandra Ramírez, exintegrante de las FARC, como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado desató un nuevo choque político en el país. El tema fue abordado en el debate radial ‘Rounds FM’, donde participaron la representante a la Cámara Marta Alfonso, de la Alianza Verde, y el representante Cristian Garcés, del Centro Democrático y senador electo.
En el espacio se evidenció un intercambio directo de posturas frente a la legitimidad de la designación, así como un debate más amplio sobre el alcance del acuerdo de paz y el papel de los excombatientes en las instituciones. Ambos congresistas sustentaron sus posiciones con argumentos opuestos sobre derechos humanos, justicia y reconciliación.
Cuestionamientos a la elección de Sandra Ramírez
Cristian Garcés abrió el debate con una crítica frontal a la designación. Aseguró que se trata de “un muy mal ejemplo para Colombia” que una exintegrante de las FARC ocupe un cargo en una comisión encargada de velar por los derechos humanos. En su intervención, insistió en que esa guerrilla ha sido “la entidad que más derechos humanos ha violado en la historia de Colombia”, citando cifras de la JEP sobre secuestros y reclutamiento.
El congresista cuestionó que, a su juicio, no haya habido una respuesta suficiente frente a esos hechos: “están hoy en el Congreso con impunidad”, afirmó. Además, sostuvo que Sandra Ramírez “está vinculada a varias investigaciones y no ha tenido ningún hecho ni siquiera simbólico” para responder por los daños causados.
Garcés fue más allá al plantear que, por razones éticas, la senadora no debería ejercer ese rol: “por dignidad, por ética, ya no debería aceptar ser vicepresidenta”. También hizo un llamado a rechazar la decisión, incluso si está amparada en los acuerdos políticos del Congreso: “debemos protestar y rechazar el mal ejemplo”.
Defensa del acuerdo político y del proceso de paz
En respuesta, Marta Alfonso defendió la legalidad y legitimidad de la elección. Explicó que la designación hace parte de los acuerdos internos del Congreso: “se definen unos partidos a quienes les corresponden esas presidencias y vicepresidencias”, señaló, indicando que en este caso se respetó lo acordado para el partido Comunes.
La representante también enmarcó la presencia de Ramírez en el Congreso dentro del proceso de paz: “hace parte de un acuerdo de paz”, recordó, subrayando que este buscaba que los excombatientes dejaran las armas y se integraran a la vida democrática. En esa línea, cuestionó la idea de excluirlos: “no se le puede poner veto a quien se compromete con la paz”.
Frente a las críticas, Alfonso enfatizó que la exguerrillera hoy actúa dentro de la institucionalidad: “no la estamos viendo en el monte, la estamos viendo en el Congreso”, dijo, defendiendo que ese tránsito es precisamente uno de los objetivos del acuerdo firmado con el Estado.
Choque por la implementación del acuerdo de paz
El debate escaló hacia la evaluación del acuerdo de La Habana. Garcés lo calificó como “uno de los grandes daños a la seguridad y convivencia” y afirmó que fue “un gran engaño incumplible para el Estado”. También señaló el crecimiento de grupos armados: “más de diez mil hombres nuevos en el gobierno de Gustavo Petro con la paz total”.
Desde su orilla, Alfonso respondió con una crítica directa al Centro Democrático: “que le hicieron trampa a la paz fueron ustedes”, afirmó, señalando que el acuerdo “ha sido mutilado, ha sido vulnerado, no ha sido cumplido”. Según explicó, esto ha incidido en la persistencia de problemas de seguridad en varias regiones.
La congresista defendió los efectos positivos del proceso: “permitió que se disminuyera la confrontación en cientos de municipios”, lo que, según dijo, mejoró las condiciones de vida de la población. Además, insistió en que, aunque los excombatientes deben responder ante la ley, su participación política debe respetarse: “hoy están en la paz, están en las reglas democráticas y eso hay que respetarlo”.
Posturas finales: fracaso o apuesta por la paz
En el cierre del debate, Garcés reiteró su postura crítica al señalar que tanto el acuerdo de La Habana como la política de “paz total” han sido “un total fracaso”. Insistió en que el problema no radica en un solo gobierno, sino en el diseño mismo del proceso.
Por su parte, Alfonso concluyó con una defensa del camino negociado: “yo no creo que ningún esfuerzo por la paz sea un error”. Aseguró que la solución al conflicto pasa por combinar acuerdos con los grupos armados y fortalecimiento del Estado, y sostuvo que “la apuesta central de un país democrático es la paz”.
El intercambio dejó en evidencia la profunda división política frente al proceso de paz y el rol de los excombatientes en la institucionalidad, un debate que sigue marcando la agenda nacional.
