Pleito con Thomas Greg & Son puede costarle al país $250.000 millones

En el centro de una controversia sobre una demanda de conciliación, que involucra a Thomas Greig, la empresa encargada de los pasaportes y excluida por ser la única oferente, Germán Calderón España, exabogado del Fondo Rotatorio de la Cancillería, entregó fuertes advertencias sobre un perjuicio patrimonial.

Calderón España, quien presentó su renuncia a la Cancillería, expresó para La FM: "Yo había venido dando conceptos consistentes en materia de recomendación, que el Comité de Conciliación debía conciliar, para evitar un detrimento patrimonial del Estado". Destacó haber informado esta postura desde diciembre en varias instancias, respaldado por la Agencia Nacional de Defensa del Estado, la Contraloría y la Procuraduría.

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Asimismo, explicó las razones detrás de su renuncia: "No podía apartarme de ese criterio tan radical de los expertos. Decidí reiterar mi posición en una carta que llevé al canciller".

Con una trayectoria de casi 30 años en el derecho y roles ejecutivos, Calderón España ha subrayado su preocupación por la instrucción presidencial de no adjudicar a un único proponente, algo que, en su opinión, debería evaluarse caso por caso para garantizar principios como la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades.

Al abordar las implicaciones financieras, señaló que el proceso podría costarle al Estado alrededor de 250 a 300 mil millones de pesos en un período de 2 a 3 años si se perdiera la demanda, advirtiendo sobre el riesgo de un grave perjuicio patrimonial.

En cuanto a los rumores de intereses políticos en la adjudicación del contrato, se mantuvo en una postura puramente legal: "No emito apreciaciones sobre eso, mi enfoque es exclusivamente jurídico".

Calderón España afirmó que la conciliación ya está en manos del tribunal y que el Presidente no tiene injerencia en este punto. También descartó cualquier maltrato del Canciller, aunque desmintió los comentarios del Canciller sobre un cambio repentino de opinión.

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Con firmeza, concluyó: "Estoy tranquilo con mi salida. Soy firme en mis criterios y acciones, como lo he demostrado en distintos asuntos en los que me involucro como ciudadano y abogado".

La controversia continúa y la resolución final podría tener un impacto significativo tanto en lo financiero como en la asignación del contrato de pasaportes en el país.