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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema negó un recurso de reposición presentado por Piedad Córdoba, por lo que la senadora seguirá investigada por el escándalo de la ‘Farcpolítica’.
La decisión de los magistrados corresponde a una solicitud de nulidad hecha por la defensa de la senadora, en la que aseguraba que la magistrada ponente del caso, Cristina Lomabana, no debía continuar con el proceso por tener “mentalidad militar”.
La decisión del tribunal fue rechazar la petición en primera instancia, argumentando que la magistrada si tenía la capacidad y disponibilidad para asumir el caso, por lo que decidieron finalmente dejar abierta la investigación que busca aclarar los supuestos nexos entre la hoy senadora con Alex Saab y la extinta guerrilla de las Farc.
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Esa decisión no fue satisfactoria para la investigada, por lo que presentaron un recurso en el que se solicitaban a la sala revisar el auto decisorio con el objetivo de que se encontrara alguna inconsistencia que pudiera ser corregida por la corte en favor de Piedad Córdoba, pero finalmente los magistrados negaron la revisión y mantuvieron el proceso.
Esta investigación fue abierta en la Corte Suprema de Justicia luego de que un exasesor de la congresista declarara bajo juramento que Piedad Córdoba tenía relación con el extinto grupo armado y que incluso sería reconocida en las Farc como alias ‘Teodora’.
El caso se encuentra en etapa previa, por lo que la Sala de Instrucción no ha abierto una indagatoria contra la senadora.
Para la defensa de Piedad Córdoba este proceso se ha desarrollado en medio de irregularidades por una presunta violación al debido proceso y un supuesto mal comportamiento por parte de la magistrada Cristina Lombana, pues la abogado señaló que el interrogatorio fue hecho de manera “hostil”.
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Esta investigación seguirá su curso, pues el tribunal consideró que hay razones suficientes para indagar más allá de las supuestas relaciones de Córdoba con la guerrilla, ya que los hechos investigados corresponden al tiempo en que fue senadora de la República y antes de ser destituida por la Procuraduría en 2010.
Aunque no se conocen más detalles de las pruebas que tiene el despacho, el proceso busca determinar si finalmente Piedad Córdoba tuvo relación con la extinta guerrilla para conseguir beneficios políticos, a cambio de liberaciones de secuestrados.
