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Este lunes, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición de medidas cautelares a favor de Ángela María Robledo, para evitar que sea destituida de su investidura como Congresista y como miembro de la Cámara de Representantes por su "doble militancia"
Según la Comisión "ni el Consejo de Estado ni la Corte Constitucional tuvieron en cuenta que el Movimiento Colombia Humana no tenía personería jurídica y que la doble militancia solo se aplica a partidos o movimientos con personería jurídicas".
Asimismo, consideraron que "Robledo fue designada como miembro de la Cámara de Representantes por haber obtenido la segunda mayor votación a la Vicepresidencia, derecho establecido desde 2015 en el Estatuto de la Oposición, y no por que se hubiera presentado como candidata al Congreso".
Enfatizaron también que "la decisión de excluir del Congreso a Ángela María Robledo no ha sido adoptada por un juez penal, lo cual viola flagrantemente el artículo 23.2 de la Convención Americana y lo ordenado al respecto por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), específicamente para Colombia, en la sentencia emitida el 8 de julio de 2020 a favor de Gustavo Petro".
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La plataforma de derechos humanos indicó que la Congresista ha sido víctima de persecución.
"La decisión de cancelar la curul de Robledo en el Congreso se produce en un contexto en el cual la Procuraduría General de la Nación ha abierto una investigación disciplinaria en su contra, debido al apoyo de Robledo a la protesta social en 2021, y el Comandante del Ejército Nacional le ha enviado una carta intimidatoria por el llamado público que ella hizo a los miembros de la fuerza pública durante el paro a no obedecer las órdenes de masacrar, ni de dispararle al pueblo", señaló la CCJ.
Finalmente, enfatizaron que la solicitud de medidas cautelares "la realiza la CCJ en concordancia con el artículo 25 del reglamento de la CIDH, que dice que se deben presentar en situaciones de gravedad y urgencia, que representan un riesgo de daño irreparable, en este caso para la congresista Robledo".
"Para ello, es necesario que el Estado, en su conjunto, suspenda los efectos de las sentencias proferidas en contra de Robledo, por resultar contrarias al ejercicio y a las garantías de sus derechos políticos y cese cualquier otro tipo de persecución que adelanta contra la congresista", sostuvieron.
