Petro ordena a minjusticia denunciar a funcionarios de Audifarma por acaparamiento de medicamentos

El presidente Petro calificó de “insulto” el acaparamiento de medicamentos por parte de Audifarma y pidió medidas legales.
Gustavo Petro
El Ministerio de Defensa confirmó que el bombardeo se perpetró el pasado 23 de marzo. Crédito: Presidencia

En una nueva alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro le exigió a la ministra de Justicia Ángela María Buitrago que presente una denuncia ante la Fiscalía contra los funcionarios de Audifarma, la empresa farmacéutica acusada de acaparar medicamentos en Colombia.

El presidente Petro calificó este acto como un “insulto” al país y pidió que se tomaran las medidas legales correspondientes.

Le puede interesar: Petro atribuyó crisis de medicamentos a supuesto plan para 'sacarlo' del poder.

“Va a ser la respuesta a este insulto que está haciendo Audifarma, que ya sabemos son los responsables de la mayor parte de las quejas de Colombia por vía del acaparamiento de medicinas, que está demostrado, acapararon, y que yo quiero, ministra, haga las denuncias que corresponden de tipo penal, porque aquí hay funcionarios públicos que saben que hay crímenes y la Constitución ordena denunciarlos”, declaró Petro durante su intervención.

El presidente subrayó la gravedad del hecho, señalando que los responsables del acaparamiento de medicamentos no solo violan la ley, sino que también ponen en riesgo la salud pública de la población.

Además, anunció que su Gobierno había solicitado el levantamiento del velo corporativo de los gestores farmacéuticos, con el fin de identificar a los verdaderos propietarios de las empresas involucradas en este ilícito.

Vea después: Gobierno pidió levantar velo corporativo de gestores farmacéuticos.

La Ministra de Justicia ya se había pronunciado sobre este asunto el pasado viernes 21 de marzo. En esa ocasión, Buitrago destacó que el acaparamiento de medicamentos es un delito penal en Colombia, y que las autoridades judiciales están habilitadas para llevar a cabo allanamientos mediante órdenes de un juez.

La Ministra explicó que esta práctica no solo afecta la salud de los colombianos, sino que también tiene un impacto negativo en la economía del país, generando problemas de inflación y alterando el orden económico y social.


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