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El presidente Gustavo Petro defendió el contrato suscrito por el Gobierno nacional, por más de 10.000 millones de pesos, para su defensa jurídica en Estados Unidos, tras su inclusión en la lista de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), conocida como la “lista Clinton”. El mandatario atribuyó esta situación a actuaciones de sectores de la oposición en el exterior.
“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami, buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, afirmó el jefe de Estado.
¿Cuál es el objetivo del contrato?
El contrato, celebrado por el Gobierno nacional, tiene como objetivo la representación y defensa jurídica del presidente ante autoridades y escenarios legales en Estados Unidos.
De acuerdo con la información oficial conocida, el acuerdo fue suscrito con una firma especializada en asuntos legales y regulatorios, con el fin de adelantar las gestiones necesarias para controvertir y aclarar su inclusión en los listados administrados por la OFAC.
La contratación de estos servicios jurídicos ha generado críticas desde distintos sectores políticos, que han cuestionado el monto del contrato y la pertinencia de que el Estado asuma estos costos.
Voceros de la oposición han señalado que se trata de un gasto elevado y han pedido explicaciones sobre los criterios de selección de la firma contratada, así como sobre la fuente de los recursos públicos destinados a este fin.
Investigación de la Procuraduría
En medio de la controversia, la Procuraduría General de la Nación informó la apertura de una indagación previa para establecer si en la celebración del contrato se cumplieron los principios y requisitos previstos en la normativa de contratación estatal. El organismo de control precisó que esta actuación busca verificar la legalidad del proceso y no implica, por el momento, la formulación de cargos disciplinarios.
Desde el Ejecutivo se ha insistido en que el contrato responde a una necesidad institucional derivada de una decisión adoptada por una autoridad extranjera, y que la defensa jurídica tiene como propósito proteger los intereses del jefe de Estado en escenarios internacionales.
La inclusión del presidente en la lista OFAC generó repercusiones políticas y diplomáticas, tanto en el ámbito nacional como internacional, y abrió un debate sobre los efectos de este tipo de decisiones en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.
