Petro ante orden de rectificación: juez debe decidir acusación contra Uribe

El excandidato presidencial señaló que será un juez el que debe decidir sobre los señalamientos contra el senador del Centro Democrático.
Gustavo Petro y Álvaro Uribe, en permanente enfrentamiento.
Gustavo Petro y Álvaro Uribe, en permanente enfrentamiento. Crédito: Colprensa

Por medio de un comunicado, el senador Gustavo Petro se refirió a la orden judicial que recibió respecto a sus declaraciones sobre el expresidente Álvaro Uribe y señaló que la misma lo obliga a rectificar y no a retractarse de lo dicho en contra el jefe del Centro Democrático.

Petro afirmó que será un juez de la República el encargado de determinar si el expresidente Álvaro Uribe Vélez debe pagar o no por delitos relacionados con el paramilitarismo.

En una primera oportunidad, el excandidato presidencial sostuvo que el senador Uribe debe estar en la cárcel por su relación con grupos de las antiguas AUC.

Sin embargo, agregó que tiene la completa convicción de los nexos que tuvo el expresidente Uribe y su hermano Santiago Uribe con grupos paramilitares.

"Estoy rectificando, es decir, llevando a la exactitud inexactitudes y es que los hechos indican que hay una relación entre los hermanos Uribe Vélez y el paramilitarismo en Antioquia", dijo Petro.

De igual forma sostuvo que "en el futuro, sobre estos mismos hechos, tanto los que yo mismo investigué, como los surgidos por las nuevas confesiones del paramilitarismo, la justicia debe actuar en derecho y tipificar los posibles delitos y actuar en consonancia".

El juzgado tercero penal falló a favor de una tutela interpuesta por Jaime Lombana, abogado del senador Álvaro Uribe Vélez, en la que se le ordena al excandidato presidencial Gustavo Petro retractarse de unas afirmaciones que hizo en medio de una entrevista radial.

La jueza María Isabel Ferrer le dio al senador Petro 48 horas para retractarse de las declaraciones en contra del expresidente.

La tutela radicada por Lombana argumenta que el senador Uribe está en “estado de indefensión” y que se le vulneraron los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre, la dignidad y presunción de inocencia.


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