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Una nueva controversia sacude el panorama de la reforma pensional en Colombia. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lanzó fuertes críticas contra los fondos privados de pensiones y cuestionó las recientes decisiones del Consejo de Estado respecto al Decreto 415 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional para ordenar el traslado de recursos hacia Colpensiones.
El pronunciamiento del jefe de la cartera laboral se dio luego de que el alto tribunal mantuviera suspendidos apartes clave del decreto, específicamente los relacionados con el traslado de los ahorros de miles de ciudadanos que migraron del sistema privado al público.
Más de 120 mil trabajadores en la “ventana de oportunidad”
Según explicó el ministro Sanguino, el decreto buscaba corregir lo que calificó como una "falla estructural" del sistema. De acuerdo con sus declaraciones, más de 120 mil trabajadores aprovecharon la denominada “ventana de oportunidad” —creada en el marco de la reforma pensional— para trasladarse a Colpensiones.
El funcionario aseguró que, de ese grupo, cerca de 25 mil personas ya están pensionadas y reciben sus mesadas a través del sistema público. Sin embargo, denunció que los recursos de estos afiliados, que superarían los cinco billones de pesos, continúan bajo administración de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Sanguino advirtió que, mientras Colpensiones asume el pago de las mesadas, los fondos privados estarían obteniendo rendimientos y utilidades con ese capital, incluso mediante inversiones en el exterior.
El debate por los rendimientos financieros
El jefe de la cartera defendió la legalidad del decreto bajo un principio básico: “la entidad que paga las pensiones debe tener también los recursos para garantizar esas obligaciones”. Por ello, explicó que la norma ordenaba el traslado inmediato tanto de los ahorros como de los rendimientos financieros de quienes ya cambiaron de régimen.
Giro en el panorama jurídico
La situación jurídica dio un vuelco tras la intervención del Consejo de Estado. Inicialmente, una decisión del magistrado Juan Enrique Bedoya suspendió parcialmente los efectos del decreto para frenar el traslado de recursos. Posteriormente, dicha suspensión fue ampliada y ahora cobija también los casos de pensionados ya reconocidos por el fondo público.
Estas determinaciones judiciales han generado una profunda molestia en la Casa de Nariño. Sanguino calificó las medidas como decisiones “exprés” que, a su juicio, terminan beneficiando a los grandes actores del sector financiero.
Incertidumbre por la reforma
El ministro cuestionó que se tomen estas determinaciones judiciales mientras la reforma pensional aún aguarda una revisión definitiva por parte de la Corte Constitucional.
Finalmente, el funcionario insistió en que los recursos pensionales pertenecen exclusivamente a los trabajadores y no al sistema financiero, defendiendo la postura del Ejecutivo de centralizar estos dineros en Colpensiones para respaldar el pago de las mesadas actuales y futuras.
