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Nicolás Petro entregó un documento a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el que afirma que la orden de captura en su contra y que fue solicitada por el fiscal Mario Burgos, fue motivada por una información de una "fuente no formal", que no habría sido corroborada por el funcionario judicial.
El documento explica que para lograr la captura de Nicolás Petro en julio del 2023, la Fiscalía se basó en la información de esa fuente no formal que hacía referencia a que el hijo del presidente planeaba salir del país a Cuba o Venezuela y Burgos habría omitido hacer la corroboración correspondiente.
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"Supuestamente, me voy a ir del país junto con mi pareja para Cuba o Venezuela. El Fiscal no realizó ninguna corroboración periférica sobre ese dicho antes de mi captura, lo hace después y no encuentra ningún resultado que concuerde con el dicho de esa fuente", afirma el oficio.
El exdiputado del Atlántico afirmó que además de esta información, se ordenó interceptar el teléfono de Laura Ojeda debido a que esa fuente 'no formal' también dijo que una empresa de seguridad privada estaba ayudando a que Nicolás Petro ocultara sus bienes.
El exdiputado señaló que luego de estas acusaciones, la Fiscalía llamó en septiembre a los dos representantes legales de dicha empresa de seguridad, en donde negaron "categóricamente" conocer a Nicolás Petro.
"Hasta el 09 de septiembre de 2023 fueron llamados a diligencia de declaración juramentada los representantes legales de dicha empresa de seguridad, Lilian Dolores López Romano y Ángel Carrillo Salgado quienes negaron de forma categórica conocerme a mí o a mi compañera Laura Ojeda Estupiñán", agregó Petro.
Manifestó que según el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, al menos en tres ocasiones anteriores el fiscal Burgos solicitó orden de captura, pero esas peticiones no prosperaron.
También señaló que luego de finalizar con las interceptaciones al teléfono de su actual pareja, no obtuvieron información relevante que confirmara las conductas que están bajo investigación.
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Con este documento, los magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial podrán estudiar los argumentos y las respuestas del fiscal Burgos para emitir una decisión con respecto a la posible falta disciplinaria que generaría una suspensión del fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.
