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El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, protagonizaron un nuevo cruce de mensajes, esta vez por la propuesta del Ministerio de Ambiente para establecer lineamientos sobre el ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá.
El debate comenzó cuando Galán criticó el borrador de resolución publicado por el Ministerio de Ambiente, argumentando que no se trataba de una consulta real, sino de un intento por validar un proceso que consideró inconstitucional. A través de la red social X, el mandatario distrital afirmó que la medida podría derivar en un “fraude a una resolución judicial”.
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El presidente Petro respondió señalando que la Sabana de Bogotá no es jurisdicción exclusiva del Distrito y que su protección es un asunto de interés nacional. Además, insistió en la necesidad de preservar los recursos hídricos de la región, advirtiendo que la urbanización descontrolada representa una amenaza.
El cruce de declaraciones se intensificó cuando el jefe de Estado acusó a la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) de contribuir a la expansión urbana en la Sabana, afectando el acceso al agua. En respuesta, Galán reafirmó su rechazo a la resolución y anunció que llevará el caso ante instancias judiciales.
El tema del agua no fue el único punto de fricción. El alcalde escribió un nuevo mensaje en el que responsabilizó al Gobierno Nacional por la falta de planificación en el abastecimiento hídrico.
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Recordó que, en 2012, durante la alcaldía de Petro, se retiró la propuesta de la fase dos del proyecto Chingaza sin presentar una alternativa, lo que, según él, dejó a Bogotá sin una infraestructura adecuada para enfrentar periodos de sequía.
Las diferencias entre ambos líderes no son nuevas. A lo largo de los últimos meses, han chocado por múltiples temas, entre ellos la financiación del metro elevado, la suspensión de recursos clave para obras en la ciudad y la intervención de la Subred de Salud Centro Oriente.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, aplazó transferencias por más de un billón de pesos destinadas a proyectos como la calle 13, el intercambiador vial de la calle 80 y el puente Tibanica, lo que generó críticas por parte de la administración distrital.
