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A raíz de las presuntas irregularidades en materia de contratación que habría cometido el exasesor de la jefe de Gabinete, María Paula Correa, al presuntamente favorecer a su esposa, el Gobierno emitió la directiva presidencial 01 de 2022, con la cual anuncian que se fortalecerán los controles y prevención en procesos de contratación pública.
En entrevista con La FM, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), anunció que se tomarán varias medidas para evitar que esta situación se repita.
Una de ellas es la investigación disciplinaria que se adelanta contra Andrés Mayorquín, cuyo fallo se conocería en primera instancia en los próximos días, según indicó el Dapre, otra medida es la revisión extensa de cada uno de los contratistas y contratos vigentes, para identificar y corregir cualquier irregularidad, que se esté presentando.
Y el refuerzo de las medidas preventivas, que fue lo que se conoció en las últimas horas por parte del Gobierno.
Se trata de una directiva en la que se enumeran una serie de medidas que refuerzan la normatividad ya vigente, debido a que existía un vacío en casos de contratación de las órdenes de prestación de servicios.
"Lo que se está buscando es tener medidas proactivas que permitan que situaciones como ésta se vuelvan a presentar y por eso uno de los puntos lo que busca es que precisamente las áreas de contratación de las entidades accedan a plataforma de contratación pública, para que toda la información en el proceso contractual esté disponible y se pueda verificar que una persona está en capacidad de ejecutar más de un contrátalo a la vez", señaló Muñoz.
El director del Dapre aseguró que no está prohibido por la ley que una persona ejecute varios contratos al tiempo, sin embargo, en el caso de Karen Vaquiro lo que se busca es verificar la capacidad e idoneidad para ejecutarlos al mismo tiempo.
"Estamos creando un procedimiento adicional y aquí lo que estamos haciendo es obligatorio este procedimiento en la verificación durante el proceso contractual. Lo segundo, tiene que ver con las hojas de vida y con lo que se ha exigido a la Función Pública es que en el término de un mes haga los ajustes tecnológicos para que se registre toda la información hasta segundo grado de consanguinidad y también se puedan evaluar estos posibles conflictos de interés", explicó Muñoz.
La directriz establece que, "antes de la suscripción de cualquier contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, se deberá verificar si el contratista, tiene suscrito con cualquier entidad del Estado algún otro u otros contratos de la misma naturaleza".
También señala que, "la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, le enviará semestralmente a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales con el fin de que vele por el cumplimiento de las obligaciones parafiscales".
E indica que, "las entidades harán seguimiento continuo, consultando y analizando la información registrada y declarada en las plataformas tecnológicas del Estado disponibles, incluyendo las modificaciones ocurridas durante el tiempo de ejecución, para identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión riesgos en la toma de decisiones".
Y advierte que, cuando la entidad identifique irregularidades en el proceso contractual, deberá reportar la información correspondiente a las autoridades competentes.
