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El presidente Iván Duque sancionó la norma del Presupuesto General de la Nación para el 2022, la cual incluyó el polémico artículo que suspende los efectos de la Ley de Garantías para el próximo año.
Esto le permitirá al Gobierno suscribir convenios interadministrativos con las Alcaldías y Gobernaciones, para no perjudicar el proceso de reactivación económica que se está dando en el país.
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Sin embargo, ante la decisión del mandatario de no objetar la suspensión de la Ley de Garantías, ya está lista la primera demanda que se presentará este martes ante la Corte Constitucional, por parte del senador Antonio Sanguino y el abogado Gabriel Cifuentes.
“Con la sanción de esta ley, el presidente legitimó de manera regular una modificación de las normas que regulan las leyes estatutarias, como es el caso de la Ley de Garantías, que en este episodio terminó modificada por una ley orgánica y esto es una transgresión a la Constitución y a la ley”, manifestó Sanguino.
Quienes impulsan esta demanda, consideran que la suspensión de la Ley de Garantías puede prestarse para cometer hechos de corrupción en plena época electoral.
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“El presidente sancionó esta ley a pesar de la advertencia de un juez de la República sobre la inconveniencia de sancionar esta ley con un artículo que modifica las reglas de juego de la competencia electoral, en favor de las clientelas que sostienen a la mayoría de parlamentarios que hacen parte de la coalición de gobierno y que abre la puerta a posibles y graves hechos de corrupción con dineros públicos, en medio de la campaña electoral que apenas comienza”, sostuvo.
Los autores de la demanda le pidieron a la Corte Constitucional que tome decisiones sobre esta acción judicial antes de que comience de manera oficial la campaña política, razón por la cual esperan que se emita una medida cautelar suspendiendo los efectos del artículo que elimina la Ley de Garantías.
