Mintransporte enfrenta nueva queja disciplinaria por deudas de Odebrecht

Jorge Robledo dijo que Ángela María Orozco debió declararse impedida en el tema de la deuda a la multinacional.
Ministra de Transporte Ángela María Orozco
Ministra de Transporte Ángela María Orozco. Crédito: Cortesía: Prensa Mintransporte

A la queja disciplinaria contra la ministra de Transporte Ángela María Orozco, interpuesta por la Corporación Anticorrupción Internacional –ONG Coraci –, se sumó la que interpuso el senador Jorge Enrique Robledo, quien dice que la funcionaria debió declararse impedida a cualquier tipo de acuerdo con los bancos por la deuda de la Ruta del Sol de la multinacional Odebrecht.

“Estaba impedida para actuar en asuntos que tuvieran que ver con el Banco de Bogotá, Banco de Occidente y el Grupo Aval en su conjunto, porque ella figura como propietaria de una empresa, de la que fue representante legal, que tenía entre sus clientes a esos bancos”, dice Robledo.

Según Robledo, la Ministra habría intentado favorecer a los bancos ‘de buena fe’ ofreciéndoles un ‘negocio’ sobre lo que el Estado debía pagar por el proyecto de la Ruta del Sol del grupo Odebrecht, que rodeaba el billón de pesos. “lo que intentó hacer fue regalarles a los bancos del escándalo de corrupción un billón de pesos”.

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Robledo dijo que el debate de control político contra la Ministra se pospuso para el próximo 3 de septiembre. “Vamos a invitar a la vicepresidente Martha Lucia Ramírez porque ella está en el mismo caso de inhabilidad”, agregó.

En la queja disciplinaria que interpuso la ONG Coraci, se pide a la Procuraduría medidas cautelares de suspensión del cargo mientras se adelanta la investigación.

“La Ministra ha actuado de manera irregular en los giros de dineros de entidades que están a su cargo como el Invias, hacia la firma CSS, Constructores de Carlos Solarte, quien esta privado de la libertad por hechos de corrupción”, dijo en su momento Ferney Camacho, presidente de la Corporación.

El Tribunal de Arbitramento de Bogotá señaló que la cuantía que debía pagar el Estado por las obras ejecutadas por el consorcio Odebrecht – Corficolombiana, ascendía a los 211 mil millones de pesos y no a los 1.9 billones que al parecer había negociado la Ministra, con los siete bancos que, de buena fe, financiaron las obras.


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