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La ministra de las Tecnologías Karen Abudinen, respondió al pronunciamiento público de la Unión Temporal Centros Poblados hecho en la mañana de este jueves, en el que esa compañía aseguró que no descarta una demanda contra el Estado si el trámite legal en el que se encuentra el contrato caducado no prospera a su favor.
De acuerdo con Abudinen, "la caducidad no se debió al incumplimiento que estaba presentando el contrato en cuanto a la primera meta de Centros Digitales instalados exigidos, sino a la inexistencia de la garantía bancaria. ¡No sigan engañando al país!".
Por ello recordó que el pasado 27 de mayo se generó "el primer incumplimiento por parte del contratista" y el 25 de junio, en audiencia citada al Banco Itaú, "la entidad bancaria informó que no expidió esa garantía".
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Abudinen defendió su gestión indicando que "el contratista no solo estaba retrasado, sino que descubrimos que presentó documentos presuntamente falsificados, lo cual constituye un delito penal. Ese mismo día, los denuncié ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Controlaría y la opinión pública".
La MinTIC recordó que esa entidad ordenó el desembolso de los recursos a los que accedió el contratista por concepto de anticipo, es decir, la suma de $70.243.279.599,00, "los cuales deben ser devueltos en su totalidad".
En su pronunciamiento ratificó que el Ministerio de las TIC continuará con el proceso de instalación de los centros digitales correspondientes a la región B, "la cual había sido adjudicada a Centros Poblados el pasado 9 de diciembre y que ahora asumirá ETB NET".
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Se espera que en los próximos días haya una nueva decisión luego que un juez reversara la tutela de este polémico contrato.
