Ministro Bonilla ya tuvo primer cara a cara frente a la justicia

Los Secretos de Darcy Quinn revelaron que el ministro de hacienda Ricardo Bonilla ya tuvo su primer cara a cara con la justicia.

El pasado viernes 2 de agosto se llevó a cabo la primera audiencia de defensa del ministro Bonilla ante el tribunal. La sesión se desarrolló sin contratiempos y, durante la audiencia, se autorizaron las pruebas presentadas por la defensa, centrando la discusión en varios puntos clave.

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En primer lugar, se aclaró que no hubo un cónclave previo y que el objetivo de la reunión fue tratar la emergencia del fenómeno de El Niño, en una reunión con agenda previa y de la que existen todos los registros oficiales.

En este contexto, se asignaron recursos presupuestales a solicitud de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), incluyendo las adiciones solicitadas por Olmedo López, a las cuales el ministro se opuso.

Se destacó que el ministro de Hacienda nunca tuvo la función de ordenador del gasto de la UNGRD, limitándose a asignar presupuestos y realizar el seguimiento de proyectos aprobados. Además, se hizo hincapié en que los proyectos de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar son del año 2021 y 2022, es decir, originados en el gobierno anterior.

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La defensa también argumentó, y así quedó claro, que los delitos relacionados con el uso de carrotanques y los supuestos pagos a los presidentes del Congreso no tienen relación con el ministro Bonilla. Además, se destacó que la Comisión Intersectorial de Crédito Público (CICP) no aprueba créditos a la Nación y que su agenda se agotó el 12 de diciembre, por lo que el móvil imputado es infundado.

En cuanto a la delegación de funciones, se señaló que la asignación de tareas a María Alejandra Benavides, como enlace con el Congreso, se encuentra dentro de sus funciones normales. Se aclaró que preguntar por proyectos no implica direccionar contratos ni sugerir contratistas.

La defensa está construyendo argumentos probatorios para diferenciar entre reciprocidad funcional de representantes del ejecutivo y legislativo, clientelismo y conductas delictivas. Está ahora en manos de la Fiscalía determinar si hubo o no delitos en la conducta del ministro.