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El Ministerio de Salud y Protección Social, liderado por la ministra Ana María Vesga, puso en marcha un plan de choque para frenar irregularidades fiscales, administrativas y presuntos actos de corrupción heredados en la cartera, tras revelarse irregularidades contables negativas por parte de la Contraloría General de la República.
La auditoría del ente de control detectó una brecha financiera cercana a los 2,9 billones de pesos entre los compromisos adquiridos y los giros efectivos, a lo que se suman 108 proyectos por más de 365.000 millones de pesos que carecían de registro presupuestal.
"Recibimos un ministerio con serias deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas, lo que encontramos y encendió todas las alarmas es que la Contraloría General de la República, en su auditoría de la vigencia 2025, emitió opinión contable negativa, halló deficiencias en el control interno fiscal y no feneció la cuenta fiscal del ministerio. Pero había algo más urgente, encontramos un enorme volumen de recursos comprometidos que nunca se convirtieron en obligaciones. En agosto de 2026, el rubro principal de estas asignaciones tenía una apropiación de 4.4 billones de pesos. 4.3 billones estaban comprometidos, pero apenas 1.3 billones obligados y pagados, una diferencia cercana a 2.9 billones de pesos", reveló la ministra Vesga.
Revisión y suspensión de contratos
Ante este escenario, la entidad ministerial ordenó la suspensión temporal de nuevas contrataciones, convenios y prórrogas con el propósito de blindar el presupuesto y garantizar que los fondos lleguen a su destino final.
Sobre las medidas adoptadas, la ministra Ana María Vesga fue enfática en señalar: “Los recursos de la salud no son la caja menor de funcionarios, contratistas, intermediarios ni políticos. Son de los hospitales, los medicamentos, los médicos, las enfermeras y los millones de colombianos que esperan ser atendidos”.
"Iniciamos también la revisión de 28 resoluciones con 176 proyectos y asignaciones por más de 490.000 millones de pesos. De esos proyectos, 108 por valor de 365.000 millones de pesos seguían sin registro presupuestal. Cerca del 83% de ese valor correspondía a obras de infraestructura. No podíamos seguir firmando y tramitando como si nada hubiera ocurrido. Por esa razón, una vez posesionada, expedí una circular que suspendió temporalmente los nuevos procesos de contratación, los nuevos contratos y convenios, los contratos de prestación de servicios y las prórrogas, adiciones o modificaciones sustanciales de los contratos vigentes. Las excepciones indispensables quedaron sujetas a justificación y autorización previa de mi despacho", expresó la funcionaria.
"Lo hicimos por una razón elemental: antes de comprometer un peso más de la salud de los colombianos, teníamos que saber qué estábamos recibiendo, qué tenía soporte y qué debía revisarse", justificó Vesga.
Acciones penales y cero tolerancia a la intermediación
De forma paralela a la revisión financiera, la ministra reveló que radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para esclarecer el origen y la veracidad de algunos audios en los que personas ajenas a la administración exigían comisiones del 8% a nombre de ella y de su equipo de trabajo.
Desde la entidad se ratificó una política de cero tolerancia frente a la intermediación y el cobro de porcentajes ilegales. Asimismo, se confirmó que se mantendrán auditorías continuas sobre la ejecución de todos los proyectos para garantizar la transparencia institucional y llevar ante la justicia a quienes pretendan lucrarse con los fondos destinados a la salud de los ciudadanos.
Procuraduría pide investigar a exfuncionarios del Gobierno Petro por graves irregularidades y crisis financiera en la Nueva EPS
La Procuraduría General de la Nación puso bajo la lupa a varios exfuncionarios del gobierno Petro y directivos del sector salud tras advertir un crítico panorama administrativo y financiero en la Nueva EPS, entidad que concentra a millones de afiliados en el país.
El organismo de control abrió expedientes formales para indagar la presunta responsabilidad de figuras clave de la administración pasada y del sector asegurador, entre los que figuran el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el exsuperintendente de Salud, Daniel Quintero; y el exinterventor de la entidad, Jorge Iván Ospina. La investigación busca determinar si las decisiones tomadas durante sus respectivas gestiones agravaron el deterioro financiero de la EPS y afectaron de forma directa la prestación de los servicios médicos a los usuarios.
Según el expediente del Ministerio Público, las indagaciones se centran en establecer posibles omisiones y fallas estructurales en el manejo de los recursos, luego de que salieran a la luz alarmantes hallazgos sobre pasivos billonarios y anticipos sin legalizar que superan los 17 billones de pesos solo en el caso de esta entidad, poniendo en riesgo la atención de pacientes crónicos y de alto costo.
Asimismo, la Procuraduría busca esclarecer si las intervenciones estatales y las directrices administrativas implementadas contribuyeron al colapso operativo de la aseguradora, reflejado en el incremento masivo de peticiones, quejas, reclamos y tutelas interpuestas por ciudadanos que denuncian barreras para acceder a tratamientos y medicamentos oportunos.
El ente de control continuará recopilando pruebas documentales y financieras en conjunto con otras entidades del Estado para individualizar responsabilidades disciplinarias y penales a que haya lugar en este caso que sacude al sistema de salud nacional.
