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El general Jaime Ruiz, representante de la Asociación Colombiana de Militares Retirados (Acore), aseguró que respaldan al ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien atraviesa por un proceso de moción de censura en el Congreso de la República.
“Todo está siendo aprovechado por la extrema izquierda para atacar a la fuerza pública y poner en tela de juicio sus actuaciones y tareas”, afirmó.
Indicó que los resultados del ministro han sido precisos, por lo que los casos puntuales de excesos de posibles actuaciones ilegales y criminales, “fueron aclarados, así qué hay satisfacción de la tarea del ministro y su defensa de la institución”.
En diálogo con LA FM, aseguró que para las Fuerzas Militares "quien porta armas se considera combatiente y se convierte en blanco legítimo".
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El ministro Botero está siendo cuestionado también por el operativo de bombardeo que se realizó el pasado 29 de agosto en San Vicente del Caguán, Caquetá, en contra del disidente de las Farc, alias Gildardo El Cucho.
Dicho operativo, según un informe de Medicina Legal y revelado por el senador Roy Barreras, causó la muerte de siete menores de edad que se encontraban en el campamento en el que se llevó acabo la operación.
“Con la certeza de la presencia de esta persona se siguieron todos lo protocolos y parámetros con altos estándares de Derechos Humanos que fue avalada por asesores jurídicos y operacionales, que determinaron que era legítimo hacer esa operación en contra de esta estructura”, dijo el general Luis Fernando Navarro, comandante de las FF.MM.
Además agregó que “no se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad del blanco lícito alias Gildardo El Cucho”.
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Botero, por su parte, indicó que todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada “proceso militar de toma de decisiones. Este proceso está acompañado en todas sus fases por el asesor jurídico operacional, figura que se implementó en todas las Fuerzas Militares desde 2008, por mandato de la Política Integral de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Defensa Nacional”.
Recalcó que todos los resultados reportados en el marco de operaciones militares son de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
