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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado aseguró que carecen de sentido los argumentos por los cuales el exalcalde Gustavo Petro demandó a Colombia en un litigio internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la destitución de 15 años para desempeñarse en cargos públicos que emitió en su momento la Procuraduría General de la Nación.
Según Gustavo Petro, dicha decisión, adoptada por Alejandro Ordoñez, entonces procurador General para la época (2013) cuando era alcalde de Bogotá, constituyó una persecución política en su contra.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, aseguró que para Colombia, la demanda internacional planteada por Gustavo Petro no tiene ningún sentido porque va en contravía de la propia constitución.
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"Gustavo Petro demandó a Colombia y busca que se cercenen todas las posibilidades de suspender o inhabilitar funcionarios públcios elegidos por votación popular, salvo por la decisión de un juez penal, esto implicaría un desvarajuste constitucional no sólo en Colombia sino en el continente, esa es una interpretación que a nuestro juicio no tiene sentido", afirmó Gómez Alzate.
Asimismo, sostuvo que "por otro lado, en sus argumentos, Gustavo Petro alega que existe una conspiración de los tres poderes públicos para evitar que el sea presidente, cuando uno habla de una conspiración de los tres poderes públicos significa que en este caso vamos a defender en esta audiencia a las instituciones colombianas en su integridad".
La sanción que emitió en su oportunidad la Procuraduría General se relacionó con las presuntas irregularidades detectadas en la implementación del esquema de recolección de basuras en Bogotá.
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De acuerdo con el fallo de la Procuraduría, Petro incurrió en tres faltas a las que el organismo de control consideró como gravísimas en el esquema de aseo en el año 2012.
Las audiencias fueron programadas por los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para este jueves y viernes, en San José de Costa Rica, donde serán escuchados los alegatos de ambas partes.
