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Varios sectores políticos se pronunciaron luego de conocer que la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez pide tumbar la ley de ‘paz total’, argumentando que hubo vicios en el trámite de esta iniciativa en el Congreso de la República.
Advierten que en caso tal de que esta tesis llegue a prosperar en el alto tribunal, los decretos de cese al fuego con grupos ilegales podrían verse afectados de forma contundente, especialmente aquellos que se suscribieron para poder acercamientos con grupos criminales que no tienen connotación política.
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El senador Ariel Ávila dijo que sería muy grave que se cayera la ley, ya que habría vacíos jurídicos en las negociaciones que se están adelantando.
“La mesa de negociación y los decretos de cese al fuego, obviamente se verían afectados, es posible buscar alternativas jurídicas, pero habrían vacíos jurídicos sustanciales. Habría un vacío muy duro constitucional y legal para todas las negociaciones de paz, habría que arrancar de cero, esa ley de orden público solo es el marco jurídico de la paz, hay muchos artículos que se refieren a otros temas, así que tumbar la ley sería muy grave”, señaló.
Sin embargo, el senador Iván Cepeda, quien es negociador con el ELN, asegura que el proceso con esa guerrilla no tendría afectaciones. “De ninguna manera, eso habría que considerarlo en el escenario de que se produzca una decisión, pero el proceso con el ELN no sufriría una alteración y habría que hacer un análisis, pero no creo que haya grandes traumatismos”, sostuvo.
El senador Carlos Fernando Motoa, quien fue uno de los demandantes, considera que el trámite de esa ley de orden público tuvo varios vicios de trámite en su discusión en el Congreso de la República, además de problemas constitucionales.
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“Esa ley de orden público vulnera el bloque de constitucionalidad, porque le entrega beneficios a quienes suscribieron el acuerdo de paz y lo incumplieron y ahora pretenden acogerse de esta ley, no cuenta con el concepto previo de política criminal, creemos que hay unos vicios de forma, el proyecto en la plenaria no fue anunciado de manera debida y se vulnera el principio de consecutividad, al tener errores en su trámite, especialmente en lo que tiene que ver con el impacto fiscal”, añadió.
El Gobierno Nacional espera que la Corte Constitucional no tumbe esta ley, porque eso afectaría la implementación de la política de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro.
