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El decreto que le entrega facultades a la Policía Nacional para decomisar cualquier dosis de droga en el territorio nacional, ha desatado una fuerte polémica entre los diferentes sectores políticos.
(Lea: Iván Duque firmó decreto para confiscar cualquier tipo de dosis de droga)
Los partidos de gobierno defendieron la medida argumentando que es una estrategia para combatir el microtráfico en las ciudades.
El senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, aseguró que “esto da facultades para la confiscación de droga ilícita o alucinógenos en espacios públicos, como lo indica el Código de Policía, a consumidores o a comercializadores. Aquí no estamos criminalizando, simplemente se confiscará como una medida para desmantelar las ollas de microtráfico que hay en todas las ciudades”.
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El congresista conservador Juan Carlos Wills, quien impulsa una reforma constitucional para prohibir por completo el porte y consumo de dosis mínima, indicó que este decreto abre el camino para la aprobación de su propuesta.
“Necesitamos respaldar desde el Congreso esta iniciativa y proteger a nuestras familias, especialmente a nuestros niños, que son y están siendo los más afectados con esta alcahuetería y permisividad que hoy existe en Colombia y sobre todo para acabar con la impunidad para el microtráfico”, manifestó.
Sin embargo, otros sectores políticos temen que esta norma se convierta en una cacería de brujas. El senador de Cambio Radical Rodrigo Lara advierte incluso que el decreto podría ser inconstitucional.
“Yo creo que es un decreto que tendrá podrá poca vida, porque es abiertamente inconstitucional. Todos coincidimos en la necesidad de combatir el consumo y combatir a los narcotraficantes, pero tal vez ese no sea el camino ni más eficiente, ni más eficaz”, indicó Lara.
Otros parlamentarios esperan que los uniformados no abusen de estas facultades para retener injustamente a los ciudadanos.
El presidente Iván Duque explicó que este decreto le permite a las autoridades luchar contra aquellos que se dedican a comercializar sustancias ilícitas en espacios públicos, entornos escolares y parques.
La norma podría ser objeto de demandas ante el Consejo de Estado o de tutelas ante la Corte Constitucional.
