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El Pacto Histórico ya tiene lista la denuncia que presentará esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la supuesta ‘ruptura institucional’ que se estaría presentando en Colombia según dijo recientemente el presidente Gustavo Petro.
En el documento se denuncian principalmente cuatro hechos que para el petrismo representa una violación de los principios democráticos en el país.
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En primer término, cuestionan el fallo de la Procuraduría en contra del canciller Álvaro Leyva Durán, que lo suspendió del cargo en medio de la investigación que se adelanta por el contrato de los pasaportes.
“Se ha suspendido al canciller de la República, vulnerando el debido proceso, un hecho sin precedentes en la historia del país, lo cual ha sido señalado como parte de una estrategia mayor para desestabilizar el gobierno actual”, indican.
En segundo lugar, advirtieron sobre investigaciones y allanamientos por parte de la Fiscalía contra Fecode, el presidente de Ecopetrol, entre otras dependencias, lo que para ellos constituye un supuesto uso de esta institución para “llevar a cabo una persecución política contra el Gobierno”.
En tercer lugar, aseguraron que “se han reportado presiones sobre testigos con el objetivo de incriminar al presidente, sin que estas acciones hayan tenido éxito, desesperadamente sectores del narcotráfico, políticos corruptos buscan la salida del presidente a través de declaraciones injuriosas, calumniosas en su contra”.
Finalmente, consideraron que en Colombia ha habido una criminalización por los apoyos que recibe el presidente Petro y su organización política.
“Se ha hecho una distinción arbitraria en la legalidad de las contribuciones a partidos políticos, criminalizando las contribuciones de organizaciones progresistas mientras se califican como legales las de figuras cuestionables”, señalaron.
Así las cosas, el Pacto Histórico pretende que la CIDH reconozca que en el país se están violando los derechos a la justicia y al debido proceso, a la libertad de asociación y a la expresión y el derecho a participar en el gobierno y en la vida pública.
Es por esto que solicitaron que se admita esta denuncia, que se inicie una investigación y que por último, que se inste al Estado colombiano “a garantizar el respeto a los principios democráticos, los derechos humanos, incluyendo el derecho a un juicio justo, la libertad de expresión y asociación, así como la participación política”.
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El documento hasta el momento tiene la firma de 16 senadores y representantes de partidos como el Pacto Histórico, la Alianza Verde y curules de paz que respaldan las afirmaciones hechas por el presidente de la República.
Esta es la denuncia:
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