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Una delicada denuncia sobre la contratación en el Gobierno Nacional, presentó la representante a la Cámara Katherine Miranda, días después de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales.
Según las congresista, la administración del presidente Gustavo Petro habría realizado una “millonaria y acelerada” contratación de pauta oficial pocos días antes de la entrada en vigencia de esta norma.
Dicha contratación fue realizada “en los últimos días de enero, en plena emergencia económica y ambiental y a pocas horas de entrar en vigor la Ley de Garantías”.
La legisladora aseguró que de acuerdo con la información recopilada, “entre el 26 y el 30 de enero de 2026 se firmaron contratos de publicidad estatal por un valor total de $71.893 millones de pesos, en una evidente carrera contra el tiempo antes de las restricciones propias del calendario electoral”.
La dirigente política advirtió que RTVC fue la entidad que concentró el mayor porcentaje de contratación. “Fueron 12 contratos que suman más de $64.000 millones, es decir, cerca del 90 % de toda la contratación de pauta de esa semana”, dijo.
“Firmar más de 70 mil millones de pesos en propaganda institucional justo antes de la Ley de Garantías, mientras el país atraviesa una emergencia económica y social, es una falta de respeto con los colombianos. La pauta institucional no puede convertirse en una herramienta de promoción política en año electoral”, afirmó.
También hizo un comparativo con la contratación que se hizo hace cuatro años, también en plena época electoral. “En la misma semana de enero de 2022, el Gobierno de ese momento adjudicó alrededor de $1.500 millones a RTVC, mientras que en 2026 la cifra superó los $64.000 millones, lo que representa un incremento superior al 4.000% en un mismo lapso y hacia la misma entidad”, reveló.
Advierte además que estos contratos incluyen campañas, estrategias de divulgación institucional y planes de medios de varias entidades nacionales como Ministerios. Esto, según Katherine Miranda, podría representar un presunto uso indebido de recursos públicos con fines políticos.
“Los recursos públicos son de los ciudadanos, no de los gobiernos de turno. La comunicación institucional no puede usarse para hacer campaña disfrazada de información. Los colombianos merecen claridad y respeto por las reglas”, sostuvo.
Dijo que pondrá en conocimiento de los órganos de control estos hechos, para que determinen si cabría o no una investigación para determinar de qué manera se están empleando estos recursos de contratación.
