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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la imputación de cargos contra cuatro generales en retiro por 442 casos de falsos positivos que se presentaron en el departamento de Antioquia entre los años 2004 y 2007.
En medio del anuncio, la magistrada Catalina Díaz dejó claro que las ejecuciones extrajudiciales no fueron una política de la seguridad democrática liderada por el Gobierno de Álvaro Uribe, tal y como algunos sectores políticos lo han manifestado.
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Este anuncio fue celebrado por el Centro Democrático, que aseguró que poco a poco se está cayendo el discurso de la izquierda colombiana, que señala al expresidente Uribe y a su administración.
“Nunca pudo haber una demostración o una verificación de que existiera una orden presidencial o ministerial en el sentido de matar a personas inocentes para luego hacerlas pasar por guerrilleros (…) Esto tumba por completo la tesis de la izquierda, del propio presidente Petro y de quienes han agitado esta bandera de que era una política de Estado del Gobierno Uribe, con esta determinación queda desmontando ese discurso”, dijo el representante por el departamento de Antioquia Hernán Cadavid.
Para el Centro Democrático, los mal llamados 'falsos positivos' fueron crímenes cometidos por algunos miembros de la Fuerza Pública que deben responder de manera individual y no por órdenes supuestamente dadas por el Gobierno.
“Hoy por fin yo creo que se cae todo el estandarte político de la izquierda en Colombia, que llevaba 20 años acusando al presidente Álvaro Uribe sobre el tema de los falsos positivos y la misma JEP. La justicia montada por ellos, no tuvo otra alternativa sino decir que no fueron política de Estado, no eran política de la seguridad democrática los falsos positivos, sino que lamentablemente fue el daño de algunos miembros de la fuerza pública que cometieron estas atrocidades”, afirmó Sebastián López, líder del Centro Democrático y presidente del Concejo de Medellín.
“Ya no tienen excusa ni relato para seguir haciéndole daño a Colombia con mentiras. Y queda claro que la seguridad democrática fue la operación de libertad de todo el país y que hoy más que nunca lo está volviendo a pedir. Ahora sí, que vuelva la seguridad democrática a Colombia”, añadió.
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Los dirigentes consideran que debería haber una retractación, incluso por orden judicial, de aquellos sectores políticos que han venido profundizando en la tesis de que las ejecuciones extrajudiciales eran una política de Estado durante el Gobierno de Álvaro Uribe.
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