"Jairo Cristo puede ser Cristo, pero no hace milagros"

El representante a la Cámara aseguró que hubo mala fe en todo el procedimiento.
El Congreso de la República, en Bogotá
El Congreso de la República, en Bogotá Crédito: Foto de Colprensa

El representante a la Cámara Jairo Cristo, integrante de Cambio Radical, aseguró que él no tuvo que ver en la fallida conciliación del Estatuto Anticorrupción.

Tras el escándalo suscitado, Jairo Cristo, representante a la Cámara, se libró de responsabilidad tras lo ocurrido y señaló que conoció que era conciliador por cuenta de un periodista que le avisó que lo estaban mencionando. Además, indicó, la notificación se la hicieron por correo electrónico, no en persona, cuando ya se iba a terminar el tiempo para sesionar.

A su juicio, hubo la intención de dilatar la norma que penalizaba a los corruptos, sin señalar a directos responsables. "Vemos que también hay muy mala fe, uno no sabe si es que el Gobierno quería que no pasara la ley, o no sé si quería que pasara porque no entiendo cómo la ministra del Interior (Nancy Patricia Gutiérrez) le dice a un compañero (Gabriel Vallejo), aprovechándose de su buena fe, que él es el conciliador. Y van y hacen conciliación", agregó.

El representante a la Cámara dijo que el correo electrónico tampoco tenía el expediente, razón por la cual le pidió a un integrante de su equipo ir por él. De vuelta por correo, señala, pidió información acerca de quién es el conciliador. Dicho correo se lo envió, señaló, al congresista Ernesto Macías, presidente del Congreso. "Nunca me respondió", aseguró, al explicar que el Senado se demoró bastante con la iniciativa. "Jairo Cristo puede ser Cristo, pero no hace milagros", enfatizó.

Una polémica se desató en el país luego de que un proyecto de ley que buscaba eliminar beneficios penales como la prisión domiciliaria para los servidores públicos condenados por corrupción fuera eliminado el miércoles de la agenda legislativa en el Congreso.

A la iniciativa, que había sido presentada por la Fiscalía, solo le faltaba ser conciliada por el Senado y la Cámara de Representantes, que ya la habían aprobado después de sendos debates, y tras ello iba a ser enviada al presidente Iván Duque, para que la sancionara y con ello se convirtiera en ley.

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Tras la polémica suscitada, el presidente, Iván Duque, anunció el jueves que el Gobierno radicará un nuevo proyecto de ley que elimine el beneficio de arresto domiciliario para políticos acusados de corrupción y que el Congreso debe debatirlo de manera "urgente".

"El próximo 20 de julio vamos a radicar con mensaje de urgencia un nuevo proyecto donde le podamos decir a los corruptos que le vamos a quitar los beneficios de casa por cárcel y que no va a haber más criminales de cuello blanco burlándose del pueblo colombiano", dijo el jefe de Estado a periodistas en Berna, Suiza, donde se encuentra de visita oficial.

El gobernante colombiano insistió en que se buscará fortalecer otras medidas de la lucha anticorrupción, como el mecanismo de extinción de dominio (expropiación). "Vamos a insistir en tener mecanismos de extinción de dominio rápidos para quitarle a los corruptos y a sus testaferros los bienes que le han quitado al pueblo colombiano. Necesitamos mejorar los instrumentos para que haya delación y para que se paguen recompensas a los que nos den información que nos permita llegar a los corruptos", explicó Duque.

El pasado 26 de agosto se realizó una consulta popular anticorrupción y en ella participaron casi 12 millones de ciudadanos. A pesar de ello, la iniciativa no logró el umbral necesario de votos para que los siete puntos que la conformaban fueran vinculantes y por tanto debatidos en el Congreso.

Lea también: Proyecto anticorrupción no podría revivirse en sesiones extras

Por esta razón, el presidente Duque radicó ocho proyectos de ley concertados con diferentes partidos políticos para combatir la corrupción, que no han tenido un buen paso por el Congreso. Al respecto, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, quien promovió la consulta anticorrupción, aseguró este jueves que cuatro de los siete proyectos para combatir ese delito "fueron hundidos, negados de frente por el actual Congreso".


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