Como funcionarios estamos sometidos al escarnio público: Jaime Pumarejo sobre escándalo MinTIC

De manera breve y sin ahondar en opiniones el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo respondió sobre la noticia de la eventual renuncia de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por el escándalo derivada de un contrato billonario entre la entidad y la unión temporal Centros Poblados.

Al término de una reunión en donde se trataron temas relacionados con el aeropuerto Ernesto Cortissoz, el mandatario dijo sobre la dimisión en este ministerio, que lo importante es que los proyectos que tiene Barranquilla en materia de comunicaciones salgan adelante.

Lea también: Comité del Paro dice que habrá nuevas movilizaciones contra la reforma tributaria

"Es un día que no nos puede alegrar porque no están ejecutándose las obras que se tienen que hacer; el Gobierno ha dicho que se va a encargar de ejecutarlas. Se ha demostrado que hubo una serie de errores, que deben ser corregidos y al mismo tiempo, quien los cometió debe ser judicializados y los entes de control están tras esas personas. No podemos desviarnos de que claramente hay que corregir ese rumbo y esperamos que se corrija. Como funcionarios del Estado sabemos que estamos sometidos al escarnio público y a la ejecución de resultados frente a la comunidad", señaló Pumarejo.

Esta semana, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha vivido la renuncia de algunos de sus funcionarios y está en la incertidumbre por la eventual dimisión de la jefa de esa cartera.

Cabe recordar que el pasado martes 7 de septiembre, la secretaria general de la cartera, Adriana Meza, y la subdirectora de Gestión Contractual, Sandra Orjuela, presentaron renuncia irrevocable.

Lea también: Capturan a sujeto implicado en secuestro y asesinato de subteniente del Ejército

Ambas funcionarias estuvieron al frente de la licitación del cuestionado contrato por más de $1 billón para llevar internet a más de 7.000 escuelas públicas rurales de 15 departamentos del país, del cual se entregó a la polémica unión temporal la suma de anticipo de $70.000 millones.

Meza era considerada la mano derecha de la ministra Karen Abudinen y fungió como la representante legal del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic), que es concretamente el ente que suscribió el contrato con Centros Poblados.