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Desde que el expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, su contraparte en el juicio, el senador de izquierda Iván Cepeda, recibe cada vez más amenazas, denunció este miércoles en entrevista con la AFP.
El proceso legal comenzó en 2012, cuando Uribe presentó una denuncia contra Cepeda por un supuesto complot para vincularlo falsamente con paramilitares. Pero en 2018, en un giro inesperado, la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe por manipular a testigos para desacreditarlo.
Cepeda asegura que las amenazas de muerte, insultos y palabrotas inundan su teléfono desde que la justicia encontró culpable al expresidente (2002-2010) por intentar sobornar a paramilitares para que testificaran a su favor y negaran cualquier vínculo entre él y estos escuadrones de ultraderecha.
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"Desde el día en que se produjo la decisión de la señora jueza Sandra Heredia (las amenazas) se han vuelto casi que cotidianas", dice Cepeda, hijo de un senador comunista asesinado por paramilitares en complicidad con agentes del Estado en 1994.
Uribe, de 73 años y quien cumple prisión domiciliaria, es el primer expresidente colombiano condenado penalmente.
El congresista de 62 años asegura que la sentencia contra Uribe abre una "caja de Pandora" ante otras investigaciones sobre las presuntas alianzas entre el exmandatario, grupos paramilitares y narcotraficantes.
Exiliado seis años en Francia por amenazas surgidas de sus indagaciones por el asesinato de su padre, Cepeda publicó en 2008 el libro "A las puertas del Ubérrimo", que denuncia la expansión paramilitar en los alrededores de la finca ganadera de Uribe en Córdoba (norte).
Para Cepeda, la sentencia emitida el 1 de agosto muestra que Uribe intentó ocultar que "había fundado (...) un grupo paramilitar" en su hacienda, conocido como el Bloque Metro, responsable de múltiples crímenes durante el conflicto armado.
- Presión de EEUU -
Aunque Uribe apeló la condena, Cepeda se muestra confiado en la recta final de un litigio de 13 años plagado de contramarchas.
Sin embargo, acusa al expresidente de campañas de difamación en su contra y de la justicia colombiana, con apoyo de Estados Unidos.
El hijo mayor de Uribe, Tomás, ha señalado supuestos vínculos del senador con la extinta guerrilla FARC, una acusación que Cepeda niega.
El senador también denuncia que la familia emprendió un cabildeo en Estados Unidos, que involucra a congresistas republicanos y a "las autoridades del actual gobierno de (Donald) Trump".
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, defendió a Uribe y aseguró que es víctima de jueces radicales.
La condena a Uribe coincide con la campaña para las presidenciales de 2026.
Adscrito al partido del gobierno, el Pacto Histórico, Cepeda indica que le han hecho "solicitudes" desde su sector político para que sea candidato, pero aún lo está analizando con mucha serenidad.
Cepeda dice haber enfrentado en los tribunales a uno de los hombres más poderosos de Colombia como si se tratara de un "ciudadano común y corriente".
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"Hay que quitarle ese halo de semidios (...) pues estás ante un ser humano que tiene inmensos temores", apunta el congresista.
- "Tarde o temprano" -
"La cárcel no ha sido el propósito esencial" de su denuncia, asegura Cepeda, y propone explorar una justicia especial que apunte a conocer la verdad del paramilitarismo y reparar a las víctimas.
Uribe cosechó una enorme popularidad como presidente por su política de mano dura con las guerrillas. Pero de los ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado, el 40% se registraron durante su mandato.
"A Uribe le iba a llegar tarde o temprano la justicia, porque son tantos los hechos, tantas las víctimas, tanta la ignominia", comenta.
