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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, celebró la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que tumbó el decreto 1474 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional había establecido un IVA del 19% a los licores, y ordenó la devolución de los recursos recaudados por este concepto.
La mandataria aseguró que este fallo respalda la posición que mantuvieron los gobernadores frente a la medida y advirtió sobre los efectos negativos que habría tenido en sectores clave como la salud, la educación y el deporte.
"(...) Los gobernadores dijimos muy claramente que era inconstitucional. Los recursos no son del Gobierno nacional, los recursos son cedidos a los departamentos de acuerdo a la Constitución y por una emergencia económica no se pueden tumbar", dijo.
De igual manera, Toro señaló que la medida no tendría beneficios para los territorios, sino que, por el contrario, generaría un impacto negativo.
"Nos iba a perjudicar, no solamente porque los recursos no iban a llegar a los departamentos, sino porque eran los recursos de la salud, del deporte, de la educación, lo cual iba a impactar negativamente en la calidad de vida de la gente", agregó.
¿En qué se usan los recursos?
Dilian Francisca Toro explicó que el decreto contemplaba un incremento del 5% al 19% en el impuesto al consumo de licores y cigarrillos, cuyos recursos serían destinados al Presupuesto General de la Nación, lo que, según los mandatarios regionales, afectaba directamente las finanzas territoriales.
"Con ese problema de salud que teníamos y todavía quitando los recursos, era imposible poder lograr mejorar la salud en los departamentos. Entonces, de verdad que estamos muy contentos, pues los gobernadores teníamos la razón cuando nos opusimos a que ese impuesto se diera para los departamentos. Ahora, toca ver cuánto nos devuelven, porque eso nos va a servir muchísimo para la salud, sobre todo para el régimen subsidiado, que es uno de nuestros problemas en los departamentos", concluyó.
Contexto del decreto
El decreto ya había sido suspendido de manera provisional tras una solicitud presentada por los gobernadores ante la Corte Constitucional de Colombia, que finalmente tomó una decisión de fondo a favor de las regiones.
Con este fallo, se espera la devolución de los recursos recaudados y se reabre el debate sobre la autonomía fiscal de los departamentos frente a medidas adoptadas en el marco de emergencias económicas.
¿Cuál era el impacto negativo del impuesto?
El incremento del impuesto a los licores generaba un impacto directo en el precio al consumidor, especialmente en productos como el aguardiente, cuyo valor podría haber pasado de un rango entre $39.000 y $42.000 a costar entre $68.000 y $75.000, lo que representaba un aumento estimado de entre el 30% y el 40%.
Este encarecimiento encendió las alertas en distintos sectores económicos por sus posibles efectos en el consumo y la dinámica comercial.
Gremios como el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (CIEV) y Acodrés advirtieron que el consumo legal de licor podría caer hasta en un 47%, lo que afectaría de manera directa a bares, restaurantes y otros establecimientos, poniendo en riesgo la sostenibilidad de numerosos negocios en la región.
A esto se sumaba el impacto en las finanzas públicas del departamento, debido a la posible disminución en las ventas de la Industria de Licores del Valle (ILV), lo que pondría en riesgo las denominadas "rentas cedidas", recursos que por ley se destinan a sectores clave como la salud pública -especialmente el régimen subsidiado-, la educación, incluyendo programas como el PAE y el transporte escolar, así como el deporte y la recreación.
Desde la Gobernación del Valle también se advirtió que el aumento en el precio del licor legal podría incentivar el contrabando y el consumo de bebidas adulteradas, generando no solo pérdidas económicas, sino también un riesgo para la salud pública.
Cabe recordar que la medida fue cuestionada por vulnerar la autonomía territorial, al establecer que los recursos adicionales recaudados serían transferidos al Presupuesto General de la Nación y no permanecerían en el departamento.
