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Al menos 20 exdirigentes de distintos países emitieron una comunicación conjunta para dar a conocer su postura sobre el decreto que permitiría la liberación de personas involucradas en delitos durante las protestas del gran paro nacional, también conocidos como jóvenes de la primera línea.
A través de la comunicación, los integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, aseguraron que son “individuos involucrados en recientes y graves delitos comunes contra servidores públicos y contra la vida, la propiedad y bienes de la nación”.
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Por tal razón, consideran que “la defensa de la democracia exige como elemento esencial el respeto irrestricto de la independencia de poderes, a tenor de lo previsto en la Carta Democrática Interamericana, y en su relación con la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Además, indican que “el ordenado funcionamiento de los poderes conformados independientemente reconoce las potestades que distintas constituciones de la región conceden a los jefes de Estado para otorgar indultos, a los poderes legislativos para acordar amnistías y, por supuesto a los poderes judiciales para impartir Justicia”.
Así las cosas, a los expresidentes les “preocupa que el Gobierno (del presidente Gustavo Petro) pretenda facilitar que personas con graves evidencias en su contra de la comisión de delitos comunes, mediante acciones colectivas, eludan sus responsabilidades ante la justicia”.
De igual manera, cuestionan que para evadir dichas responsabilidades se apliquen “figuras jurídicas que sólo han sido aplicadas excepcionalmente a miembros de grupos armados organizados en el contexto de los procesos de paz”.
Para los exmandatarios de ser así, se trata de un debilitamiento progresivo de la independencia de poderes en Colombia y de la autonomía de su Justicia, que califican como “elementos esenciales de una de las democracias más antiguas del continente”.
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Por último, hicieron un llamado a la comunidad internacional “para que observe atentamente el desenlace de esta cuestión y se asegure que no ocurran alteraciones del Estado constitucional y democrático de Derecho en Colombia”.
El documento lo firmaron el expresidente de Colombia, Iván Duque y Andrés Pastrana, José María Aznar, de España; Nicolás Ardito Barletta de Panamá, Felipe Calderón de México, Alfredo Cristiani de El Salvador, Federico Franco de Paraguay, Vicente Fox Q. de México, Eduardo Frei T. de Chile, Lucio Gutiérrez de Ecuador, Osvaldo Hurtado también de Ecuador, Luis Alberto Lacalle H de Uruguay, Mauricio Macri de Argentina, Jamil Mahuad W. de Ecuador, Carlos Mesa G. de Bolivia, Mireya Moscoso de Panamá, Sebastián Piñera de Chile, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica y Juan Carlos Wasmosy, Paraguay
