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Ingrid Betancourt, que actualmente es la directora del Partido Oxígeno y quien estuvo secuestrada por las Farc durante años, le cantó la tabla a los miembros de la desmovilizada guerrilla por haber apelado la sentencia de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en sus contra por el delito de secuestro.
En la decisión judicial, la JEP estableció una sanción restaurativa de ocho años contra los miembros del antiguo secretariado de esa organización, tiempo en el cual deberán reparar a las víctimas sin ir a la cárcel.
Sin embargo, los exjefes de la entonces guerrilla presentaron una apelación argumentando, entre muchas otras cosas, no estar dispuestos a llevar dispositivos electrónicos para ser rastreados.
Esto desató una fuerte crítica de parte de Betancourt, que les recordó como mantenían encadenados a los secuestrados en la selva.
“Mientras ellos nos mantenían encadenados por el cuello a un árbol durante años, ahora les parece muy feo llevar estos dispositivos electrónicos para ser rastreados. Era con pérdida de libertad que tenían que condenarlos. Ahora quieren ser sus propios jueces”, indicó.
La dirigente política cuestionó que la justicia hoy esté “congraciándose” con los miembros de la otrora organización ilegal, por lo que llamó la atención sobre la persona que debe ser elegida como presidente en el 2026.
“Nuestra Justicia perdió autoridad por años de querer congraciarse con ellos. Esto no puede seguir así. Vamos a elegir un presidente/a para poner orden”, añadió.
¿Que dice la apelación?
No obstante, en el texto de apelación presentado ante la JEP, los exFarc aseguran que la sentencia de la JEP “introduce disposiciones atentatorias contra la dignidad humana contrarias a los principios restaurativos que orientan la justicia transicional, al establecer consideraciones que permiten entender que los sancionados estarán monitoreados 24/7, lo que desnaturaliza las sanciones propias y las convierte, en la práctica, en una forma encubierta de restricción punitiva incompatible con el modelo adoptado en el Acuerdo Final de Paz y la Ley Estatutaria de la JEP”.
También expresaron reparos sobre los derechos políticos, sobre lo establecido en cuanto a los delitos de desaparición forzada y asesinato, solicitaron que se caiga la imputación por esclavitud, entre otras consideraciones.
