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El 11 de abril se cumplió el plazo máximo para que cada campaña reportara sus ingresos y gastos al Consejo Nacional Electoral a través del aplicativo Cuentas Claras. Sin embargo, 54 candidatos registrados en el portal no hicieron públicas sus cuentas.
Transparencia por Colombia, al revelar cifras al respecto, dijo que el Consejo Nacional Electoral debe establecer cuáles son las acciones a tomar y cómo debe afectar, no solo a cada candidato, sino a la organización política que los avaló.
Al respecto, ese colectivo indicó que en caso de que estos candidatos no cumplan con la obligación de rendición de cuentas o sean declarados renuentes, es importante conocer las sanciones que la autoridad electoral aplicará.
Datos de los gastos
A pesar de las continuas manifestaciones de que los topes de gastos de las campañas políticas en Colombia no son congruentes con los gastos reales de las campañas, de acuerdo a Transparencia por Colombia el reporte que se observa a la fecha ni siquiera llegue a la cuarta parte de lo que podían gastar las campañas al Senado.
La organización que más gastos reporta es el partido Centro Democrático (22% del tope) que tenía 60 candidatos inscritos y la que menos reporta es la Lista de la Decencia (3% del tope) con 100 candidatos inscritos y conformada por la coalición de los partidos ASI, UP y MAIS.
“Necesitamos seguir fortaleciendo la transparencia en el financiamiento de campañas, lo que hace parte de la reforma urgente que necesita el sistema político colombiano y a la que deben comprometerse el nuevo Congreso y el Poder Ejecutivo que sea elegido este año”, afirma Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
Dependencia de recursos privados
En las elecciones de Congreso 2018 los ingresos de las campañas originados entre los aportes del propio patrimonio de los candidatos (37%) y los aportes de personas naturales y jurídicas (45%), acumulan el 82% de los recursos. Dentro de las fuentes privadas para financiar campañas se encuentran los aportes propios de los candidatos y/o de su familia inmediata, las donaciones y préstamos. Estos recursos constituyen una forma legítima de participación y de expresión de intereses políticos, pero que al mismo tiempo son los recursos más difíciles de verificar con las herramientas que hoy tiene la autoridad electoral. También se debe tener en cuenta que la dependencia de fuentes privadas para el financiamiento de campañas representa un alto riesgo de que los candidatos sean capturados por intereses privados y presiones indebidas en el ejercicio del poder.
Más apoyo estatal para campañas al Senado que a Cámara
Con el análisis de anticipos estatales, se encontró que solo representan el 6% de los ingresos. Estos recursos en mayor proporción se destinaron a apoyar las campañas al Senado, entregando $12.980 millones. Por el contrario, las campañas a las Cámaras sólo recibieron por concepto de anticipos $2.638 millones. Teniendo en cuenta que los aportes estatales tienen como objetivo promover la equidad en las condiciones de participación electoral y reducir la necesidad de fondos privados para hacer viable la actividad político-electoral, este propósito no se está cumpliendo.
Frente a estos resultados desde Transparencia por Colombia se insiste en la necesidad de incrementar la rendición de cuentas reportando con total veracidad los ingresos y gastos incurridos, y la revisión oportuna de parte de las autoridades electorales.
“La financiación política por parte personas naturales y jurídicas debe verse como un ejercicio de apoyo a la democracia colombiana, pero solo la transparencia en su transacción va a permitir que no sirvan como mecanismo para condicionar las decisiones que tomarán los representantes elegidos”, indicó Hernández.
El próximo 11 de mayo se habrá cumplido el plazo para que los partidos y movimientos políticos consoliden la información completa por cada una de las listas que inscribió y enviar una información definitiva al CNE.
