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La jueza 54 Administrativa del Circuito de Bogotá, Tatiana Inés Jaimes Martínez, le impuso al presidente Gustavo Petro una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. El mandatario tiene tres días para pagar la sanción.
El jefe de Estado incumplió una orden de tutela de agosto del año pasado, reiterada en octubre. La justicia le ordenó rectificar sus señalamientos contra el fiscal Mario Burgos, quien llevó a juicio a Nicolás Petro, el primogénito del mandatario.
Burgos fue el primer fiscal que se encargó del proceso contra el exdiputado del Atlántico por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ordenó su captura y traslado a Bogotá en 2023, lo imputó mientras estuvo detenido y lo acusó en Barranquilla.
Actualmente, no hace parte del caso contra Petro. La Comisión de Disciplina Judicial le formuló un pliego de cargos por presuntas presiones indebidas, así que la Fiscalía lo hizo a un lado. El presidente intentó justificarse en esa decisión para insultar a Burgos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no avaló esa postura, que "no constituye justificación ni fundamento alguno" para llamar a Burgos "narcofiscal" o "subordinado de la mafia". La juez Jaimes ordenó una retractación, pero el mandatario impugnó.
La primera instancia le dio al presidente 48 horas para retractarse, tras una tutela de Burgos contra Petro. El Tribunal, en segunda instancia, le dio cinco días. Debía rectificar en su cuenta de X y en un consejo de ministros. El 15 de octubre lo hizo. Mario Burgos estuvo inconforme.
Las acusaciones contra Mario Burgos y los fallos contra Gustavo Petro
Petro aseguró que el fiscal “tiene investigaciones en su contra, pero no tiene condenas ni sanciones disciplinarias”. Para el juzgado, el pronunciamiento "induce a quienes vieron y escucharon las rectificaciones" a creer que las acusaciones de Petro se basan en el caso de Marcelo Pecci.
El fiscal, adscrito a la Unidad de Delitos Ambientales, no solo investigó al hijo del presidente, sino que estuvo detrás de las condenas y los acuerdos a los que la Fiscalía llegó por el magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. "El fiscal Burgos sacó al asesino del proceso", dijo Petro el 14 de febrero.
La Presidencia nunca aportó en el expediente de la tutela de Burgos un sustento en el que basara sus críticas al manejo del fiscal de los mediáticos casos de Pecci y de Nicolás. En términos de la sentencia del tribunal, las afirmaciones de Gustavo Petro no se fundaron en "hechos verificables".
"Así entonces, so pretexto de ejercer el derecho a la libre expresión propio, no es dable incurrir en la vulneración de manera grave y directa de los derechos ajenos", dice el fallo de segunda instancia, de 39 páginas, que el jefe de Estado no ha cumplido.
La sentencia citó seis pronunciamientos de Petro en los que vulneró los derechos de Burgos: cinco trinos y una declaración en un consejo de ministros en febrero, en la que dijo que al fiscal "lo puso" la banda que habría ordenado el magnicidio de Pecci.
"¿Por qué Barbosa y Mancera pusieron como investigadores a quienes estaban ligados al grupo de narcofiscales ligados a su vez con el narco Marset, presunto autor del asesinato del fiscal Pecci en Cartagena?", escribió Petro en un trino en agosto.
La publicación, insistió el tribunal, "va en detrimento de la presunción de inocencia y del buen nombre y honra" de Mario Burgos, porque "sugiere que el fiscal Burgos pertenece a un grupo de narcofiscales". Al retractarse en octubre, Petro no se refirió al magnicidio.
Una rectificación pendiente y un desacato que prosperó
El Juzgado 54 Administrativo remarcó, en un auto de once páginas del 16 de diciembre, que la rectificación del mandatario "induce" a quienes la escucharon a pensar que las investigaciones contra Burgos tienen que ver con Pecci o narcotráfico, "cuando se encuentra comprobado" que no.
"Resulta necesario que el presidente de la república realice la rectificación conforme se le ordenó", se lee en el auto que la juez Tatiana Jaimes firmó, que insiste en que "no se logró comprobar que las apreciaciones del presidente" sobre Mario Burgos "sean ciertas".
Petro tenía que trinar una rectificación dando "estricto cumplimiento" a lo ordenado en agosto y en octubre, señalando que Burgos "no tiene investigaciones relacionadas con el caso del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci ni con casos de narcotráfico".
El pronunciamiento debía contemplar que Burgos no tiene "condenas ni sanciones disciplinarias en su contra a la fecha", resaltó el auto, "y que como todo ciudadano colombiano goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política".
La rectificación, además, había de permanecer fijada por 48 horas en el perfil de X de Petro, además de transmitirse en "la próxima alocución presidencial que se transmita en un canal institucional". En caso de no cumplir, el jefe de Estado se exponía a un incidente de desacato que la jueza Jaimes resolvió este viernes.
De acuerdo con la autoridad judicial, “las órdenes del despacho” de agosto, septiembre y octubre del 2025 “no han sido cumplidas”, así que el mandatario se merece la sanción. La jueza rechazó una solicitud de arresto, pues consideró que la multa es “proporcional”.
