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Las Comisiones Segundas de Senado y Cámara organizaron un foro regional para escuchar las diferentes opiniones que existen en torno al acuerdo de Escazú, cuya ratificación está tambaleando en el Congreso.
El senador Juan Diego Gómez, ponente de la iniciativa y presidente de la Comisión Segunda, abrió el foro e indicó que el propósito es tratar de encontrar un consenso nacional en torno a este tema.
“Esperamos que con este foro se puedan resolver varias dudas que se tienen en torno a este tema. Escuchamos que varios congresistas de diferentes bancadas tienen dudas en torno a la ratificación del tratado de Escazú. Entendemos lo que significa este acuerdo en torno a la consulta previa, la protección de líderes ambientales y esperamos que nos podamos acercar a un consenso”, sostuvo.
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“Buscamos ampliar la participación, escuchar a los diferentes sectores del país, escuchar a todos los sectores y a partir de allí podamos resolver las dudas y que los partidos tengan más herramientas para tomar una decisión sobre el tratado”, añadió.
El encuentro comenzó con la intervención de los diferentes gremios del país, que se mostraron en contra de esta iniciativa tras advertir que Colombia podría caer en una enorme inseguridad jurídica.
El presidente de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia), Jorge Bedoya, indicó que para el sector agropecuario es muy importante la protección del medio ambiente, pero este tratado de Escazú tiene serios problemas y por eso pidió que se hunda en el Congreso.
“El espíritu del Acuerdo de Escazú es loable, pero desafortunadamente su contenido contiene una serie de vaguedades desde el punto de vista jurídico, elementos que se pueden prestar a cierto tipo de interpretaciones y algunas redacciones que hacia adelante generan problemas desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de proyectos productivos que puedan generar empleo”, indicó.
Por su parte, Sandra Forero, presidenta del Consejo Gremial, indicó que muchas de las normas que contiene el tratado de Escazú ya se encuentran vigentes en el país y ratificarlo representaría un choque con la legislación colombiana. Además, desmintió que los empresarios estén en contra de las medidas de protección del ambiente.
“Nuestras inquietudes frente al acuerdo de Escazú no van enfocadas a una destrucción del medio ambiente, van enfocadas a lograr el equilibrio entre la producción formal, seria, la producción del empleo y el respeto al medio ambiente. Nosotros lo que decimos es que en Colombia ya hay un marco normativo suficiente, completo, garantista, que ya tienen muchas de las cosas que plantea el acuerdo”, dijo.
En el foro también participaron algunos ambientalistas y dirigentes que están a favor de la ratificación del acuerdo de Escazú, quienes señalaron que los argumentos presentados por los gremios, no tienen fundamento.
Camilo Mayorga, vocero del Comité por la defensa del Páramo de Santurbán, indicó que no se pueden decir verdades a medias.
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“Decir que se va a transferir la soberanía en el ordenamiento jurídico colombiano, por la ratificación de un instrumento como es el Acuerdo de Escazú, es desconocer totalmente como funciona la Constitución y el derecho constitucional en Colombia. El Acuerdo de Escazú no es una norma supraconstitucional que va a reemplazar el ordenamiento jurídico en materia ambiental”, sostuvo.
Lo mismo indicó el diputado de Norte de Santander John Edison Ortega, quien sostuvo que el tratado de Escazú es vital para que el medio ambiente sea protegido en el país.
“Los argumentos del desarrollo económico que puede frenar un acuerdo de esta naturaleza también son infundados, no tienen razón de ser, lo que sí tiene razón de ser es que este tratado habla de que debe ampliarse la participación, los mecanismos de información en materia ambiental y de que los líderes ambientales no deben castigarse con la pérdida de la vida por salir a defender sus territorios, comunidades y futuras generaciones”, manifestó.
Dentro de 15 o 20 días deberá desarrollarse un nuevo foro regional sobre el tratado de Escazú para seguir buscando consensos en torno a la aprobación de la iniciativa en el Congreso de la República.
